Con el envío en consulta al Tribunal Constitucional del proyecto de Ley de Extinción de Dominio en Favor del Estado, además de resolver diferencias internas (la más evidente entre el Ministro de Gobierno y la presidenta de Diputados), el Mandatario ha logrado encaminar una declaración preventiva sobre la constitucionalidad del proyecto (o algunos de sus artículos) y aplacar temporalmente las protestas de los sectores movilizados.
Ahora bien, toda vez que el recurso ha sido admitido, el Tribunal Constitucional hará conocer su posición en un plazo de 30 días. Ello significa que se ha ganado tiempo (en especial para el censo), pero el conflicto permanece. Así lo asumen gremiales y transportistas, que no están dispuestos a deponer sus movilizaciones ni tampoco, esto es lo más preocupante, a reconocer el fallo constitucional en caso de que sea contrario a sus intereses.
En tal escenario resulta fundamental que el Gobierno, antes de conocerse el pronunciamiento del Tribunal, realice un esfuerzo especial de información pública (no propaganda) respecto al contenido y alcance del proyecto de ley, a fin de disipar contradicciones y especulaciones. Asimismo, debiera buscar principios de acuerdo con los sectores que se declaran injustamente afectados por “los efectos no deseados” de una necesaria norma.
