El tema es recurrente en las agendas mediáticas, y es así porque por mucho que se discuta al respecto, no es fácil encontrar una solución que sea, sobre todo, aceptable para madres y padres privados de libertad que conviven con sus hijos e hijas en los recintos penales. En este tema, lo que se percibe es una aparente colisión de derechos de esas niñas y niños.
Según datos de las autoridades de Régimen Penitenciario, en todas las cárceles del país se ha contabilizado la existencia de 1.500 niños y niñas que se ven obligados a vivir con sus padres, que purgan condenas o permanecen en encierro en calidad de detenidos preventivos. De ese total, Palmasola, en Santa Cruz de la Sierra, alberga a 752 infantes, equivalente al 50,13% del total, seguido por los penales de La Paz, que suman 250 menores de edad.
La razón de esta enorme población de menores de edad en los recintos penitenciarios es evidente: padres y madres privados de libertad no tienen con quién dejar a sus vástagos o no quieren separarse de ellos. En teoría, lo lógico sería disponer de centros de acogida para estas niñas y niños sin hogar; pero es bien sabido que, en su mayoría, estas instituciones públicas no ofrecen condiciones óptimas para el desarrollo de las y los menores de edad. Asimismo, está demostrado que, en general, sigue siendo más saludable que niñas y niños permanezcan cerca de sus progenitores.
Precisamente por eso, la Ley de Ejecución Penal y Supervisión establece en su artículo 26 que los hijos de los internos que tengan menos de seis años podrán permanecer en el establecimiento penitenciario, siempre que el progenitor privado de libertad sea el que tenga la tutela del menor. El problema es que también está demostrado que el ámbito carcelario no es el más seguro para niñas y niños, pues el tipo de población que allí habita implica un potencial riesgo para la integridad y la vida de estos menores de edad.
Por esta razón, se ha anunciado que desde enero de 2013 se impedirá el ingreso de niños a las cárceles del país, en el marco del Reglamento General de Régimen Penitenciario, aprobado por el Gobierno en septiembre; la restricción es a convivir dentro de la cárcel y no así a las visitas. Previsiblemente, el solo anuncio ha provocado protestas, y no será raro que en cuanto comience su aplicación se vivan momentos tensos en los penales del país.
Hay, pues, en este tema una problemática de difícil solución, pues no es sencillo decidir si el derecho de estas niñas y niños a vivir lejos de las amenazas que implica la vida en la cárcel es superior al de vivir con sus padres y madres a pesar del riesgo. Ofrecer condiciones óptimas en los centros de acogida debiera ser la respuesta, pero hasta ahora ese aspecto no ha merecido mayor atención de parte de las autoridades.
