La semana pasada, la Ministra de Transparencia demandó al Fiscal General del Estado y a la presidenta del Consejo de la Magistratura el inicio de procesos disciplinarios y penales contra 89 autoridades, entre jueces y fiscales por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. Con esta acción debiera comenzar un proceso de depuración de la Justicia boliviana.
En efecto, la ministra entregó a la máxima autoridad del Consejo de la Magistratura pruebas contra 37 jueces, vocales y personal de la Central de Notificaciones de todo el país, los mismos que habrían incurrido en delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y uso de instrumento falsificado, entre otros. Inmediatamente después, en la Fiscalía General, entregó una lista de 52 denuncias de hechos de corrupción contra fiscales del país. En este caso, explicó la ministra, se trata sólo de una lista por departamento con copias de las denuncias y el estado de los procesos, porque su autoridad no pudo acceder a las pruebas que están, precisamente, en manos de otros fiscales.
En ambos casos, la ministra solicitó la suspensión de las personas denunciadas para dar paso a sendos procesos. “Debieran ser suspensiones definitivas o temporales, pero lo que pedimos es la agilización de estos procesos. Necesitamos saber cuál es la situación jurídica de los procesos, los denunciados lo necesitan”, señaló la autoridad.
Sin embargo, días después, la presidenta del Consejo de la Magistratura anunció que la institución a su cargo no puede suspender a ningún juez sin un proceso previo y serán las autoridades competentes las que evalúen las denuncias presentadas por la Ministra de Transparencia con base en pruebas. Por su parte, el Fiscal General dijo que uno de sus objetivos de su gestión es erradicar la corrupción en el Ministerio Público, toda vez que su credibilidad está afectada precisamente por la retardación de justicia y porque entre fiscales no quieren abrirse procesos. Anunció asimismo, para estos días, la conformación de un equipo de fiscales especializados en el tema de anticorrupción.
En sus declaraciones luego de presentar las denuncias, la ministra lamentó que tanto en el ámbito de la judicatura como en el del Ministerio Público existen prácticas de encubrimiento que consisten fundamentalmente en retardar las investigaciones o favorecer a los imputados en los fallos, de tal modo que no sólo vuelven al puesto, sino que se saben habilitados para procesar a la autoridad denunciante.
Hay, pues, una necesidad imperiosa de depurar la Justicia, habida cuenta de lo extendido de las malas prácticas de algunas de sus autoridades. Para ello, es imprescindible que la voluntad política demostrada por la ministra sea también adoptada por las autoridades del Órgano Judicial, pues de otro modo es previsible que nada cambie.
