La reciente resolución de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego de 11 años de espera, ha levantado una polvareda nacionalista, tanto entre quienes se consideran que ganaron, Nicaragua, como entre los que se asumen perdedores, Colombia, pese a que ésta consolida la propiedad de varias islas. Colombia tendrá que rediseñar sus mapas y tragarse su orgullo nacionalista, por lo que se resiste y patalea; aunque como se dice la suerte está sellada, pues el veredicto es inapelable. Poco más de 90 mil kilómetros cuadrados de rico territorio marítimo, actualmente bajo soberanía y explotación colombiana desde 1928, pasarán a manos de sus contrincantes.
Analistas colombianos afirman que en el trasfondo de la disputa se hallan intereses por las reservas petroleras, que aparentemente guardan las aguas en disputa; y que Nicaragua, la nueva propietaria, se apresuró a señalar que licitará su explotación. Por otra parte, decenas de pescadores artesanales Raizales de las islas colombianas del Archipiélago San Andrés se quedarán sin dónde echar sus redes. Ellos, años atrás, habían bloqueado a las petroleras por considerar que provocarían un desastre ambiental. Al parecer los Nicas tienen menos escrúpulos en este sentido.
Para mediados de 2013 se espera otro pronunciamiento de La Haya, en la disputa entre Chile y Perú. Aquí no hay ni tratados ni tierra en disputa, sino una delimitación marítima.
Ambos gobiernos han (re)afirmado su voluntad en acatar el fallo. Organismos políticos y de la sociedad civil de ambos países realizan encuentros y coloquios para crear confianza, de modo que tras el fallo, sea cual fuere, se cierre definitivamente el ciclo conflictivo abierto por la Guerra del Pacífico y los acuerdos de 1929, que cedieron Arica a Chile. Sin embargo, visto lo que ahora ocurre en Colombia, nada ni nadie puede asegurar que emerja una ola nacionalista en cualquiera de ellos y se produzca un rechazo al tribunal asentado en Holanda.
Tanto lo dispuesto por La Haya hace unos días como su futuro pronunciamiento para 2013 encierran, sino lecciones, al menos precauciones para Bolivia. Es importante subrayar que el fallo no dio por inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928, suscrito entre Colombia y Nicaragua, pese a que este último país sostuvo que lo firmó bajo presión y cuando tropas norteamericanas ocupaban su país, argumento que no fue aceptado lo que (ojo) sienta seguramente un precedente en la conducta de la corte de La Haya para otros casos futuros y semejantes.
Por otra parte, de acatar Perú y Chile sin chistar el futuro fallo, ambos podrán encarar de una forma diferente sus relaciones con Bolivia, respecto a la inextinguible demanda marítima de acceso al mar. No hay que olvidar que tanto en 1950, como en 1975, Perú fue un obstáculo insalvable cuando se trató la posibilidad de otorgar a Bolivia un corredor junto a la fronteriza línea de la Concordia, que actualmente une (y separa) a Chile del Perú. Al menos en el ambiente académico y entre políticos chilenos ligados a la Concertación y a Bachelet, flota la convicción de que una propuesta chilena de transferir a Bolivia territorios anteriormente peruanos hallarían en el futuro menos resistencia, y que por fin el candado y la llave se juntarían.
Habrá, pues, que estar muy atentos y analizar qué hace y dice La Haya, para trazar nuestra estrategia de reivindicación marítima.
