La disputa entre el Ministro de Gobierno y la presidenta de la Cámara de Diputados tuvo un nuevo capítulo el domingo, esta vez con inesperados y preocupantes ribetes de agresión verbal. Esta tensión oficialista, más allá de lamentables alusiones personales, plantea algunas inquietudes con relación a la dinámica legislativa y, en especial, el debate en democracia.
La primera inquietud tiene que ver con las relaciones entre el Órgano Ejecutivo y el Órgano Legislativo. El hecho de que el oficialismo tenga cómoda mayoría en la Asamblea no significa que los proyectos deban ser aprobados “sin tocar una coma”. Al contrario, se presume, por principio, que pueden producirse algunos o muchos cambios. Eso dependerá de la calidad y coherencia de la norma, pero también de la dinámica propia e intereses que concurren en las diferentes instancias legislativas.
Otra inquietud está relacionada no tanto con el origen de las leyes (Ejecutivo o Legislativo), sino con su proceso mismo de elaboración. La presidenta Delgado afirmó críticamente que las leyes ya no debieran fabricarse “en gabinetes de abogados”. Con ello dio cuenta de la necesidad no sólo de diferentes consultas con los actores involucrados, sino también de una amplia participación ciudadana. La pregunta es cómo conciliar los saberes y sentires del pueblo con necesarios criterios técnicos de diseño normativo.
Un tercer aspecto relevante se refiere al debate en democracia. ¿Quiénes están “habilitados” para debatir? ¿Acaso es necesario poner previamente en mesa las credenciales profesionales y académicas —como hizo el ministro Romero— como requisito para elegir una interlocución válida, “de igual nivel”, y “no rebajarse” con un(a) inferior? De entrada esta lógica resulta discriminatoria y poco democrática, a no ser que se esté participando en un concurso de méritos, que no es el caso.
La última inquietud tiene relación con la fuente de legitimidad de autoridades y representantes. ¿Sólo están “autorizados” para intervenir en el ámbito público las personas que fueron elegidas en las urnas? ¿No tienen igual derecho las autoridades designadas? ¿Son acaso tan diferentes una diputada plurinominal, electa por lista gracias al voto del candidato presidencial, que un ministro nombrado por el Presidente del Estado? Aquí también aparecen innecesarias descalificaciones y exclusiones.
Más allá de estas inquietudes, ¿qué se puede decir sobre el renovado forcejeo entre Delgado y Romero? Queda esperar y en su caso alentar el restablecimiento de las relaciones entre ambos. Y surge una curiosidad final: ¿alguna ministra o asambleísta saldrá en defensa de la diputada (mujer) que, como denunció a través de su oficina de prensa, “fue objeto de agresión verbal y ofensas” por parte del ministro (hombre) justo en el día de la eliminación de la violencia contra la mujer?
