La desarticulación de una banda de extorsionadores enquistada en el Ministerio de Gobierno es un encomiable esfuerzo en la lucha contra la corrupción, pero más que eso, es un preocupante indicio de los niveles de corrupción que puede haber, lo cual es una muy seria amenaza al rumbo del proceso y, en el caso particular, al curso de varios casos emblemáticos.
Fue a propósito de la visita al país de un senador estadounidense, primero, y del actor Sean Penn, luego, que el caso del empresario Jacob Ostreicher, detenido preventivamente en el penal de Palmasola desde junio de 2011, por presunto lavado de dinero, cobró notoriedad pública y motivó al Ministro de Gobierno a ordenar una investigación al detectarse indicios de que algo no estaba correcto. Así, se descubrió que un grupo de servidores públicos con influencia no sólo había hecho desaparecer una fortuna de muchos millones de dólares, sino que también extorsionaba al estadounidense para que no los delatara.
Si bien dicha investigación aún no ha concluido, ya ha dado como resultado la detención preventiva de ocho personas, siete exfuncionarios de los ministerios de la Presidencia y de Gobierno, y un juez que actuó en connivencia con ellos. Asimismo, las autoridades están tras la pista de otras seis personas más.
Si la sola existencia de la banda de extorsionadores es alarmante, más lo es saber que el presunto cabecilla estuvo al menos cinco años en el Ministerio de Gobierno y, peor aún, que fungía como asesor jurídico del despacho del ministro y tenía a su cargo casos tan delicados como el de Eduardo Rózsa u otros de importancia estratégica similar. Inevitablemente, los comentarios no se han dejado esperar, y exceptuando unos pocos que hacen referencia al esfuerzo de combatir la corrupción, todos apuntan a poner en cuestión la idoneidad de los responsables de esos procesos jurídicos y, por extensión, a los procesos mismos.
No será fácil explicar cómo es posible que gente tan cercana a la máxima autoridad ejecutiva de uno de los ministerios más importantes del Órgano Ejecutivo hubiera podido dedicarse a negocios ilícitos sin levantar siquiera sospechas, y es también difícil imaginar que semejante red de extorsionadores se hubiera conformado recién en los últimos meses.
Es precisamente por esta razón que no se trata de un problema que vaya a resolverse con el solo procesamiento de los extorsionadores, pues ya están en duda las actuaciones en diversos casos penales, como el ya mencionado de la banda terrorista desactivada en abril de 2009, lo que puede dar pie a un retroceso en todo lo avanzado.
Tiene, pues, una enorme tarea el Ministro de Gobierno para evitar que se desate una crisis de imprevisibles consecuencias tanto en la cartera a su cargo como en el resto del Ejecutivo. Se trata, en esencia, de sancionar, pero sobre todo de reparar.
