Hay expresiones que definen posicionamientos fundamentales. En algunos casos pueden leerse como demagogia; en otros, en cambio, constituyen verdaderas declaraciones de principios. Dichas expresiones, en temas complejos y sensibles como la corrupción, pueden ser definitivas. Y es que existe una diferencia abismal entre decir “caiga quien caiga”, como engaño, que asumirlo como política de Estado en el día a día de la gestión pública.
Esta cuestión adquiere renovada importancia en torno al terrible caso de la red de extorsión que involucra a varios abogados del Órgano Ejecutivo, del Ministerio Público y del Órgano Judicial. Lo de abogados no es casual. Muestra el protagonismo de algunos de estos “profesionales del derecho” en torno a la colapsada administración de justicia en el país. De injusticia o de “compra de justicia”, más bien, para decirlo con más propiedad.
“Caiga quien caiga”, ha dicho bien el presidente Morales en varias ocasiones para asegurar que no tolerará ni encubrirá o protegerá ningún acto de corrupción. El origen, la permanencia, el poder y las insospechadas ramificaciones de la banda de extorsionadores, hasta ahora apenas desarticulada, se presentan hoy como una prueba, la prueba, para verificar la autenticidad del posicionamiento presidencial.
