La creación del Banco Público, basado en la estructura jurídica y operativa del Banco Unión, mediante la Ley 724 aprobada por la Cámara de Diputados, cumple con el mandato constitucional de consolidar una entidad estatal de intermediación financiera, especializada en la gestión de las cuentas del sector público, además de fomento al sector productivo nacional.
Ciertamente las funciones del Banco Público como administrador de cuentas y transacciones fiscales están claras; sin embargo, es necesario definir con mayor precisión su rol como agente para una mayor inclusión financiera y promotor de inversión socialmente productiva de las economías comunitarias y cooperativas.
Para lograr estos dos objetivos estratégicos de desarrollo, es necesario contar con una entidad integrada en un sistema de financiamiento que además de crédito brinde, a los actores productivos, servicios de asistencia técnica e inserción en los mercados. Asimismo, esta entidad pública deberá contar con una solidez patrimonial que la consolide como un banco “grande”, con capacidad operativa, tecnología bancaria de punta y talento humano que le garantice un funcionamiento eficiente y profesional.
Es también recomendable que los ejecutivos y directores del Banco Público tengan claro que sus operaciones y servicios deben estar presentes en todo el territorio nacional, y que cada municipio debe contar con una agencia. De esta manera se podrá lograr una mayor profundización financiera con inclusión. Otro aspecto que su estatuto debiera contemplar es la orientación de sus operaciones crediticias hacia aquellos sectores, principalmente productivos, que por una mayor percepción de riesgo son atendidos de manera parcial por entidades privadas; brindando soluciones financieras innovadoras y oportunas, que respondan a la naturaleza y dinámica económica de cada sector.
Finalmente, el Banco Público debiera estar a la vanguardia en la promoción y consolidación de una cultura de ahorro. En este sentido, su primera tarea debiera orientarse a la apertura de una cuenta para cada boliviano, que nazca con un aporte mínimo por parte del Estado como incentivo. Adicionalmente, se deben promover campañas de fomento al ahorro personal, como factor clave para el desarrollo y la inversión de largo plazo.
Un banco estatal que cumpla con todos estos aspectos podría constituirse en un actor clave para el potenciamiento de la economía nacional. Hay casos exitosos a nivel regional como el Banco do Brasil o el Banco Estado de Chile. Estos ejemplos de banca pública son una muestra de que, con un mandato estratégico de desarrollo claro, gestión eficiente con talento humano capacitado, tecnología financiera innovadora y alejamiento de presiones políticas de los gobiernos de turno, instituciones de esta naturaleza pueden promover emprendimientos y beneficios para la población.
