No me pidan a mí libertad de expresión, pidan libertad de expresión a los dueños de los medios de comunicación, a las empresas”, afirmó el presidente Evo Morales en el acto de promulgación de la Ley del Seguro de Vida para los Trabajadores de la Prensa. Insistía así en una drástica separación entre trabajadores y dueños, al extremo de sostener que, en muchos casos, aquéllos son “esclavos” de éstos y éstos obligan a aquéllos a “falsear la verdad”.
Esta visión presidencial, ya formulada en varias ocasiones, plantea dos cuestiones que deben analizarse para evitar reduccionismos y equívocos. La primera tiene que ver con la libertad de expresión. ¿Deben “pedirla” los periodistas y la ciudadanía en general? ¿Acaso las libertades y los derechos, reconocidos constitucionalmente, no presuponen su ejercicio, garantizado por el Estado?
La segunda cuestión es más compleja: ¿en qué medida la estructura de propiedad del medio y/o su línea editorial condicionan el trabajo periodístico? ¿El dueño de un medio —privado o estatal— puede imponer la agenda informativa? ¿O los trabajadores tienen más o menos autonomía para el desarrollo de su labor? Las respuestas no pueden ser generales ni absolutas, ya que la realidad siempre será más ancha y compleja que las alocuciones sobre ella.
