Días atrás, el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) difundió estadísticas actualizadas de la distribución y tenencia de la tierra en Bolivia. El dato más relevante es que los propietarios privados perdieron el control que tenían sobre 35 millones de hectáreas de tierra y que ahora indígenas y campesinos ocupan el 55% de la tierra disponible del país.
Según los datos oficiales, de los 63,5 millones de hectáreas de tierra disponible en Bolivia, al menos 35,9 millones (55% del total) está en manos de indígenas, originarios, campesinos e interculturales, mientras que el 6,7% (4,2 millones) queda bajo control de la pequeña y mediana empresa.
Esas cifras representan un cambio en la estructura de tenencia de la tierra.
En efecto, el citado informe del INRA revela que entre 1953 y 1992 la tenencia de la tierra en el sector de la pequeña propiedad, solar campesino y propiedades comunitarias sólo alcanzaba las 17,16 millones de hectáreas, mientras que la pequeña y mediana empresa poseía 39,24 millones de hectáreas.
En cambio, los datos al 2012 presentados por el INRA revelan que entre los habitantes de tierras altas —en la zona occidental del país— están distribuidas 8,35 millones de hectáreas y 13,85 millones entre quienes viven en zonas bajas —en la zona oriental de Bolivia— en el marco de la modalidad de Tierras Comunitarias de Origen (TCO).
Los campesinos e interculturales detentan la propiedad de 13,77 millones de hectáreas, en diferentes zonas del territorio nacional.
Pero aún más importante es el dato en el que se señala que entre 1996 y 2005 las tierras fiscales alcanzaban a 106.886 hectáreas, pero entre las gestiones 2006 y 2012 se incrementaron a 23.161.102 hectáreas.
Entre las tierras fiscales figuran las “disponibles” para asentamientos humanos y las “no disponibles”, que son las concesiones forestales, los parques nacionales, las reservas naturales y las zonas de dominio público.
Este crecimiento en la cantidad de tierras fiscales, asociado directamente a la disminución de la extensión de tierra de la pequeña y mediana propiedad, se debe, principalmente, a que no cumplía la función económica y social (FES), lo que posibilitó que, en el marco de la Reconducción Comunitaria que se establece en la Ley INRA, muchos predios fueran revertidos al Estado para su redistribución y mejor uso de acuerdo tanto a usos y costumbres como a formas de producción de los beneficiados.
