Cada vez que ocurre algo trágico, las autoridades emprenden fuertes campañas para evitar incidentes que preocupan a la comunidad. Casi dos meses después de que desapareciera la adolescente Zarlet Clavijo, a principios de junio de este año, la Alcaldía de La Paz inició un operativo en la Terminal de Buses con el objetivo de evitar el transporte irregular de niños y adolescentes.
En su momento, la medida parecía seria; sin embargo, a casi seis mesas de la acción, la tarea es menos rutinaria. Si bien los familiares saben de la política y cumplen con el trámite de autorización para el viaje de menores, no existe ningún control en los buses para que el plan sea más efectivo.
Es decir, en estas fechas de intenso transporte fuera de la ciudad ninguna autoridad sube a los vehículos para constatar la veracidad de los formularios que a los padres de familia o parientes se les otorga en la oficina de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, a no ser que exista otro mecanismo de fiscalización. Ni existe forma para exigir la presentación de las cédulas de identidad de los menores.
Pero, resulta más efectivo el control de boletos de viaje por parte de las empresas de transporte, a las que no se les puede zafar ningún pasajero ajeno al bus en ruta.
