La última “nacionalización” o, con mayor precisión, expropiación de las acciones de las empresas distribuidoras de energía eléctrica Electropaz y ELFEO, efectuada el pasado fin de semana por el Gobierno al grupo español Iberdrola, responde inequívocamente a la línea de recuperación, control y provisión de un servicio público en un sector estratégico.
En efecto, esta determinación gubernamental, amparada en los artículos 57 y 331 de la CPE, más allá de ser una decisión política o jurídica, responde a necesidades económicas orientadas a mejorar el bienestar social, al evitar que las empresas ejerzan su poder monopólico extrayendo el excedente del consumidor con tarifas altas, obteniendo así rentabilidades a partir de su posición de mercado antes que por la eficiencia de sus operaciones.
Según la teoría económica, la cadena de provisión del servicio eléctrico es, en esencia, un monopolio natural (porque existe una sola empresa generadora, una sola transportadora y una sola distribuidora para un determinado territorio), y existen fuertes incentivos para la dotación del servicio con altos costos; y en consecuencia, tarifas elevadas para los consumidores. La pregunta que cabe es ¿cómo regular/controlar un monopolio?
El modelo de regulación entre un Estado fiscalizador y una empresa privada monopólica parece no haber sido el más eficiente, porque a pesar de los esfuerzos de fijación de tarifas “justas”, éstas se mantenían altas, luego se discriminaban nichos y finalmente no existía un control efectivo sobre el verdadero costo por unidad de electricidad generada, transportada y distribuida.
La participación directa del Estado en toda la cadena energética parecería ser una alternativa, puesto que con el control operativo se aseguraría en primera instancia que este monopolio no le quite a la población su excedente; y en segunda instancia, que toda rentabilidad obtenida vaya directamente a la reinversión en tecnología que asegure un aprovisionamiento permanente del servicio de luz y electricidad. Este último camino ha sido elegido por el Gobierno. Sin embargo, para obtener buenos resultados, es necesario que la gestión en todas las empresas de la cadena eléctrica esté orientada a un doble objetivo. Primero, provisión ininterrumpida y oportuna de electricidad en función a la creciente demanda; y segundo, tarifas justas que respondan a los verdaderos costos de generación, transporte y distribución; además, que permitan una rentabilidad óptima para la reposición del capital y nuevas inversiones.
Considerando estas condiciones, es posible pensar que la “nacionalización” de Electropaz y ELFEO signifique en el corto plazo mayor calidad en la dotación de electricidad, menos apagones, tarifas equitativas y —lo más deseado— que la luz se haga para todos.
