Aunque la norma que sustenta la decisión fue firmada por el gabinete de ministros a mediados de diciembre, fue recién en los últimos días que el Ministro de Gobierno anunció públicamente la desaparición de la Mutual de Seguros del Policía (Musepol) y la creación de la Mutual de Servicios al Policía (Muserpol).
El cambio no es sólo de nombre, y era necesario.
En efecto, si hay una institución policial vinculada con denuncias de hechos de corrupción esa era Musepol, mutual creada en 1997 para administrar los aportes de oficiales y suboficiales de los servicios activo y pasivo. Lamentablemente, prácticamente desde su creación menudearon denuncias en sentido que, por una parte, algunos malos oficiales de alta graduación aprovecharon su paso por la administración de la entidad para intentar enriquecerse ilícitamente; y, por otra, que los servicios mutuales ofrecidos no siempre eran solidarios ni equitativos, siendo los menos favorecidos quienes más los necesitaban: las y los policías de baja graduación.
Fue durante las negociaciones para resolver la crisis desatada por el motín policial de mediados del año pasado que esta situación se hizo evidente, y fue precisamente ese uno de los temas cuya solución posibilitó superar el impasse que se vivió. Luego, por demanda del cuerpo de suboficiales y clases, el Gobierno se comprometió a refundar la institución para permitir que brinde mejores servicios y, sobre todo, posibilite una pensión de retiro equivalente al 100% del salario de los uniformados en servicio activo.
Así, el Decreto Supremo 1446 establece que la Mutual de Servicios al Policía es ahora una institución pública descentralizada, “con autonomía de gestión administrativa, financiera, legal y técnica, bajo tuición del Ministerio de Gobierno”; Muserpol administra dinero proveniente de los aportes de las y los uniformados, pero también de desembolsos del Tesoro General de la Nación, razón que justifica la participación del Ministerio de Gobierno.
En el mismo decreto se establece que el Directorio de la Mutual contará con representantes del Ministerio de Gobierno; del Comando General de la Policía; de los generales, jefes, oficiales y administrativos de los servicios activo y pasivo, y de los suboficiales, sargentos, cabos, policías y administrativos de los servicios activo y pasivo. La designación del Director General será atribución del Presidente del Estado, a partir de una terna propuesta por el Directorio.
Cabe, pues, esperar que la nueva mutual policial cumpla ahora sí los objetivos que corresponden a este tipo de instituciones, pero sobre todo que quienes se hagan cargo de su administración sean capaces no sólo de rechazar cualquier tentación malsana, sino sobre todo de hacer una gestión tan eficiente y transparente que devuelva a la oficialidad de la Policía la buena imagen perdida.
