La administración de justicia continúa en debate, ya que se han puesto en evidencia nuevos datos de interés social. Por ejemplo, existen unos 800 mil procesos que deben ser atendidos por 600 jueces; los juicios penales son interminables y pocos concluyen; hay innumerables imputaciones y querellas carentes de pruebas legalmente válidas, que logran introducir abogados con el fin de amedrentar y extorsionar a los ciudadanos; hay en trámite casos de personas con más de una imputación penal que no están en prisión como manda la ley. También hay detenidos por tiempo indefinido y sin sentencia. Hay sentencias que ordenan el resarcimiento a las víctimas que no se cumplen, y que el Estado tampoco se ocupa de hacerlas cumplir.
El verdadero lado oscuro es el universo procesal con su autonomía de facto blindada. Se ha puesto una vez más de manifiesto que una red de funcionarios «inventó» procesos, manipuló pruebas, torció procedimientos de investigaciones fiscales y judiciales durante años. En esta gigantesca nebulosa procedimental muchos administradores de justicia actuaron y actúan con la mayor discrecionalidad, impunidad y descaro, generación tras generación, hasta que excepcionalmente son descubiertos. Estas redes y logias de corrupción ejercitaron poder absoluto, sometiendo a la sociedad boliviana a su servidumbre. El inicio de una verdadera revolución judicial, ampliamente demandada, es una tarea gigantesca, que podría ser comparada con las guerrillas de la independencia del siglo XIX, o con la expropiación del súper Estado minero feudal del siglo XX, pues implica afectar intereses consolidados, que en algunos casos mantienen incluso conexiones internacionales, lo que tiene contaminado a las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial.
Para un verdadero cambio, es necesaria una auténtica voluntad política, un programa, un método y un cronograma de acción, así como un instrumento que lo ejecute, supervise y controle. Lo que, paradójicamente, ya existe en la letra muerta de la ley, así como en algunos discursos políticos. En una revolución judicial es necesario no perder nunca de vista el objetivo central, que es beneficiar a la sociedad en su conjunto, democratizando y transparentando la administración de justicia; que ésta tenga techo de vidrio y que todo el mundo pueda ver su actuación. Es necesario también no someterse a intereses sectarios y subalternos; y en la oposición política y en el oficialismo, estar dispuestos a someterse al principio de igualdad ciudadana ante la ley.
Una revolución judicial para la oposición política posiblemente signifique sólo que sus dirigentes procesados sean sobreseídos, cuando en verdad deben ser sometidos a un proceso pronto, legal y transparente, como cualquier ciudadano. Lo propio para las redes de extorsión de corrupción organizadas entre funcionarios públicos. Pero vale la pena pagar el gigantesco esfuerzo de vencer estas resistencias y otras posiblemente más duras, para que el pueblo boliviano viva bien y pueda llegar a reconocerse a sí mismo como cualitativamente mejor que en el pasado.
