El Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal y el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras estiman que en Bolivia existen 5,5 millones de hectáreas deforestadas ilegalmente. En ese panorama, el Gobierno acaba de promulgar la Ley 337, de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques, con el propósito de establecer un régimen excepcional para el tratamiento de predios con desmontes que se hayan realizado sin autorización entre el 12 de julio de 1996 y el 31 de diciembre de 2011, para que sean dedicados a la producción de alimentos como medio de garantizar nuestra seguridad alimentaria.
La norma legaliza la deforestación de 5 millones de ha, y le pone un precio: $us 60 por ha para los industriales, y bajando según el actor al ser incorporados en el Programa de Producción de Alimentos y Restitución de Bosques. La Ley establece que en Tierras de Producción Forestal Permanente los beneficiarios deberán restituir entre el 10% y 20% de la cobertura forestal afectada, cuando se trate de predios mayores a 50 ha. Si incumplen los requisitos, sus tierras serán revertidas y pagarán multas elevadas. A decir del Gobierno, esta política de fomento y no de castigo permitirá incrementar en 20% la superficie sembrada y en 34% el volumen de producción, logrando un aumento de 9,6 millones de ton a 13,6 ton anuales, sobre todo de arroz, maíz, trigo y caña de azúcar.
Esta ley ha sido celebrada por los agroindustriales, pues los libra de reversiones y “multas exageradas”, según sus declaraciones, pero en ningún momento se toma en cuenta o se considera el daño ambiental que la pérdida no planificada de estos 5 millones de ha ha significado; o mejor dicho, ha quedado traducido en los $us 60 por ha que deberán ser pagados. Y aún así, nuestra seguridad alimentaria no está garantizada, pues más de la mitad de las tierras que serán incorporadas en este programa están en manos de empresarios, que están interesados en la exportación y no precisamente en el abastecimiento del mercado interno a precios justos.
Cabe preguntarse, cómo si hasta la fecha no se ha tenido la capacidad de controlar los desmontes no autorizados y sancionar efectivamente a los infractores, ahora ¿existirá la capacidad para asegurar el ingreso de quienes han deforestado a este programa; y sobre eso seguir controlando a quienes deforestan ilegalmente? ¿Los $us 60 por ha garantizarán esto?
El delicado equilibrio entre nuestras necesidades de desarrollo y la necesidad de mantener nuestro patrimonio natural saludable se pone hoy a prueba con esta nueva norma, los mecanismos de fomento y control deben ser puestos en pie de manera apropiada, si no queremos enfrentarnos a un escenario donde, bajo el pretexto de la seguridad alimentaria, haya carta blanca para deforestar más.
