Como se sabe, en el país hay numerosos problemas de límites entre municipios e incluso entre departamentos, que en no pocos casos han provocado violencia. Como respuesta, el lunes último la Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley de Delimitación de Unidades Territoriales. Tras su promulgación, cabe esperar que esos conflictos comiencen a resolverse.
En efecto, según datos del Ministerio de Autonomías, en el país existen 136 conflictos de límites; de ellos, sólo dos son por límites departamentales: entre Santa Cruz y Cochabamba, y entre Oruro y Potosí. Los otros 134 conflictos son entre municipios. La ministra del ramo explicó que de los 136 casos de disputas por territorio que ya empezaron su trámite de resolución de conflictos, 118 están siendo atendidos por las gobernaciones, y 18 por el Ministerio de Autonomías y Descentralización. Además, hay 73 problemas limítrofes que tras haber sido reportados todavía no empezaron un proceso administrativo.
En el caso de los municipios, la nueva ley especifica que las direcciones de límites de las gobernaciones promoverán la conciliación; de no llegarse a un acuerdo, se acudirá al referéndum, que permitirá que las comunidades involucradas voten para decidir a qué municipio quieren pertenecer. La ministra explicó que, de darse la consulta, no participará todo el municipio, sino únicamente las localidades inmersas en el conflicto. Asimismo, dijo que al tratarse de un tema técnico-administrativo, deberán participar instituciones técnicas, como los institutos Geográfico Militar, Nacional de Reforma Agraria y Nacional de Estadística.
En los conflictos entre departamentos, la conciliación estará en manos del Ministerio de Autonomías; de la misma forma, si no se llega a un convenio, a iniciativa de una de las partes el caso será analizado por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
Al respecto, un diputado del opositor Movimiento Sin Miedo, y exviceministro de Descentralización, se mostró crítico con el espíritu de la ley, debido a que, en su opinión, al promoverse la conciliación entre las partes y el referéndum, en el caso de los municipios, o la consulta al TSJ, en el caso de los departamentos, el Órgano Ejecutivo se desentiende de su responsabilidad. Habrá que ver, en la práctica, si este extremo es evidente.
Con todo, está claro que la sola existencia de la norma no garantiza ni que las partes en conflicto se acerquen a la conciliación ni, mucho menos, que los conflictos vayan a desaparecer. Es más, al existir esta nueva ley, no deberá sorprender que muchos municipios más comiencen a pugnar por aclarar, si no modificar, sus actuales límites. Por éstas y otras razones, es deseable que la instancia gubernamental responsable de ejecutar esta ley sea capaz de adelantarse a las circunstancias, y logre evitar que los conflictos se intensifiquen o, peor, se multipliquen.
