Días atrás, las autoridades carcelarias del país decidieron trasladar 42 jóvenes menores de 21 años, que estaban recluidos en el centro de rehabilitación de Calahuma, a la cárcel de San Pedro. Esta determinación generó malestar entre los involucrados, quienes asumieron medidas de presión, lo que obligó al Director de Régimen Penitenciario a rectificar el traslado.
Además de la forma cómo fue determinado este traspaso, sin consultar ni mucho menos pactar algún consenso con los directamente afectados, llama la atención las razones detrás de esta decisión, que provocó un previsible malestar, amén de poder repercutir negativamente en el comportamiento futuro de los jóvenes que deben cumplir sus condenas.
Era previsible una reacción no sólo contraria sino hasta violenta de parte de los reclusos de la céntrica cárcel paceña ante la llegada de nuevos internos, que estaba previsto sean instalados en las nuevas dependencias de la sección de “lujo” de ese penal (La Posta). Construidas por los propios reos, dicho sea de paso. Esto, por la pérdida de un lucrativo negocio, pero también y sobre todo por el hacinamiento que existe en ese recinto, en el que conviven más de 2.200 personas, pese a que fue diseñado para albergar a tan sólo 300.
Aglomeración que incluso ha llevado a casi dos centenares de internos a organizarse bajo el nombre de los “sin sección”, para exigir que se les proporcione una celda, pues carecen de un espacio propio, lo que los obliga a vagar durante el día y a dormir en los pasillos durante la noche.
Por otra parte, también era previsible una reacción negativa de parte de los familiares de los jóvenes que fueron trasladados desde Calahuma a San Pedro. Es decir, desde un centro que les da la posibilidad de adquirir un oficio (a través de talleres de panadería, agronomía, costura, entre otros) y de reformarse, comprendiendo la importancia y el valor de un trabajo honesto; a un espacio en donde reina el temor y la violencia, y que paradójicamente constituye una de las mejores escuelas para quienes deciden dedicarse a la delincuencia.
Pese a estas previsibles externalidades y esperadas reacciones (un motín al interior de la cárcel y una huelga de hambre en sus puertas protagonizada por las madres de los muchachos) las autoridades decidieron el traslado, sin consultar a los afectados ni mucho menos justificar tal decisión. Improvisación que se pudo evidenciar desde el primer día en el que arribaron los jóvenes, que se vieron obligados a dormir en el patio, por la falta de celdas, y sin siquiera contar con una provisión de alimentos.
Es de esperar que esta experiencia sirva, al menos, para que las autoridades penitenciarias midan el alcance de una medida, sus posibles beneficios y desventajas para los involucrados (en particular) y para la sociedad (en general), así como su factibilidad, antes de ponerla en práctica.
