Ayer, nuevamente, hubo paro de transportes en La Paz; sin embargo, a diferencia de anteriores movilizaciones del gremio, éste no fue contundente, excepto en aquellos lugares donde los choferes bloquearon calles y ejercieron violencia contra sus colegas, lo que puede interpretarse como un pequeño avance en favor de los derechos de las y los usuarios del servicio.
En efecto, es evidente que la ciudadanía tiene cada día más claro que es su derecho el tener un sistema de transporte que sea no sólo público sino sobre todo de calidad, lo que implica precios razonables, rutas que realmente cubran la demanda de las y los usuarios, y otros aspectos que difícilmente satisfacen los actuales prestadores, privados, del servicio público.
En ese entendido, el Gobierno Municipal de La Paz se ha embarcado en uno de los más complejos procesos de modernización de la vida urbana, cual es transformar el sistema de transporte de pasajeros en la ciudad; para lo cual ha sido necesario un largo proceso que ha consistido no sólo en estudiar la actual situación y sus múltiples variables, sino también contar con el marco normativo adecuado, pues es de sobra sabido que el gremio de los choferes no siempre es respetuoso de las disposiciones legales.
La ley marco ya existe, la norma municipal también, así como la voluntad política del gobierno local. Prueba de ello es la realización de la cumbre ciudadana sobre transportes realizada en 2011, de la cual emergieron, además de las demandas ciudadanas a los transportistas, propuestas de solución, tales como la implementación del servicio municipal de transporte, la creación de una guardia edil para el control del tráfico y, sobre todo, el apoyo ciudadano a la Ley Municipal de Tráfico y Transporte. Lo que no parece haber es la voluntad del gremio para cambiar el actual sistema por uno que sea satisfactorio para todas las partes.
Respecto de la necesidad de ajustar las tarifas, el Gobierno Municipal hizo conocer semanas atrás su propuesta, que consiste en un ligero incremento al precio de los pasajes en micros y minibuses, pero también el cobro de una tarifa única de parada a parada y la eliminación del “trameaje”, así como la paulatina eliminación de los vehículos llamados “Carry”.
Para afirmar esta determinación, la Alcaldía paceña convocó a una “consulta ciudadana”, actualmente en ejecución, que pese a ser una exitosa operación de opinión pública carece de institucionalidad, lo que impedirá hacer que sus resultados sean vinculantes.
Es evidente, pues, que la problemática del transporte exige soluciones integrales, que van más allá de la norma e incluso de la voluntad de las partes: exige también infraestructura y sistemas viales apropiados. Los primeros pasos se han dado, ahora es urgente encontrar respuestas a las nuevas interrogantes y necesidades.
