El 30 de agosto de 2010, el asambleísta departamental Gabriel Pinto Tola (MAS) fue sentenciado a 30 años de cárcel por el asesinato del alcalde de Ayo Ayo Benjamín Altamirano, que murió el 14 de junio de 2004 luego de ser secuestrado y torturado. Pese a la sentencia que declaraba a Pinto culpable del crimen (en complicidad con otras 13 personas) y pese al clamor de los familiares, que incluso ingresaron de rodillas a la Asamblea Departamental de La Paz suplicando justicia, el asambleísta fue suspendido de su cargo recién el miércoles anterior. Es decir, dos años y medio después de emitido el fallo, y más de ocho años de ocurrido el crimen.
Llama la atención —y preocupa— que la Justicia haya necesitado tantos años para resolver un caso que estaba bastante claro (antes de ocurrido el crimen, la víctima denunció que su vida corría peligro e identificó a quienes lo estaban amenazando), pero también —y sobre todo— la poca celeridad de la Asamblea Legislativa de La Paz, que recién suspendió a Pinto el miércoles, pese a haber recibido una notificación oficial de la Fiscalía en marzo de 2012, e incluso le concedió una licencia indefinida con goce de haberes en septiembre de 2010, un mes después de que fuese condenado a 30 años de presidio, condición que le ayudó a sortear la cárcel, hasta hoy.
