La violación de una mujer en pleno hemiciclo de la Asamblea Legislativa Departamental de Chuquisaca nos lleva a preguntarnos: ¿qué es lo que permite que un representante, ante cámaras de seguridad, en un espacio pagado por los ciudadanos para que se formulen leyes para un país más justo, abuse sexualmente de una persona?
La impunidad ante casos de violación da licencia y permiso a hombres hasta para ultrajar en salas gubernamentales. Un estudio de IPAS acerca del acoso sexual en Bolivia muestra que 98 de cada 100 casos de denuncia por abuso sexual no se resuelven. La impunidad perpetúa la injusticia y profundiza las desigualdades. No hay nada más desigual que un sistema judicial que dé permiso a los agresores para salir ilesos de sus delitos.
Aunque la magnitud de la violencia en contra de la mujer en Bolivia es más grande de lo que las cifras señalan (según la ONU, 70% de las bolivianas sufrieron algún tipo de abuso de género; según datos del Banco Mundial, más mujeres entre 15 y 44 años mueren o son discapacitadas como resultado de violencia de género que la cantidad de víctimas por cáncer, accidentes de tránsito, malaria y guerra). Los impactos de la violencia contra las mujeres incluyen daño físico y psicológico, que originan malnutrición, embarazos no deseados, infecciones sexuales, abortos, aislamiento social y depresión. Es así que resulta imperativo luchar contra uno de los crímenes más perjudiciales para la sociedad.
La cultura de silencio caracteriza los casos de acoso sexual mundialmente, y hace que la mayoría no sean reportados ni tampoco se visibilicen estadísticamente. No debe sorprendernos que la mujer agredida en la Asamblea de Chuquisaca aún no haya presentado cargos en contra de su agresor, y probablemente nunca lo haga. Como en muchos casos de violación, no se denuncia por las graves consecuencias que acarrea para las agredidas. Las estructuras de poder ponen en desventaja a las víctimas, quienes deben afrontar públicamente a su agresor y testificar frente a una audiencia. En este caso, testificar contra una autoridad estatal significa acusar a una persona que goza de todos los privilegios de poder. Sin embargo, con o sin la acusación de la víctima, el caso debe ser procesado, ya que la legislación nacional y los tratados internacionales establecen que es el Estado quien debe asegurar la prevención, la investigación y castigo para los agresores cuando se violan derechos fundamentales. El video es de conocimiento de las autoridades y se puede procesar el caso con las evidencias ya existentes, porque no se puede permitir que un representante político, borracho o sobrio, se aproveche sexualmente de una mujer, borracha o sobria, en pleno espacio que debiera servir a los y las bolivianas.
Hace poco, una mujer fue violada en la India dentro de un bus, abuso que le provocó su muerte. Entonces la sociedad hindú organizó manifestaciones para repudiar este tipo de prácticas y su normalización, tan dañinas para las comunidades. La principal causa de la persistencia de la violencia hacia la mujer es la complicidad ante el abuso sexual. Pareciera inocente el ayudar a entrar a una mujer prácticamente inconsciente a un salón gubernamental en compañía de una autoridad, y casualmente apagar la luz. Este caso solamente ejemplifica cómo funciona la complicidad colectiva en miles de otros casos similares.
La violencia contra la mujer en Bolivia también se puede impedir. Resulta imperativo que la sociedad se pronuncie. Este caso será un precedente para la violencia en contra de la mujer y marcará un límite al poder de las autoridades. Si miramos a otro lado, seremos cómplices también.
