Una de las innovaciones del actual régimen electoral en Bolivia es la atribución otorgada al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) para la organización, supervisión e incluso administración de elecciones en organizaciones de la sociedad civil, cooperativas de servicio público y universidades. Se trata de un servicio gratuito que, con ciertos requisitos, brindan los tribunales electorales departamentales a solicitud de la organización o entidad interesada.
Esta innovación, que de manera errónea puede leerse como una injerencia del Estado (en este caso el Órgano Electoral) en la sociedad, expresa más bien el propósito de fortalecer el ejercicio de la democracia intercultural en el país. Y es que la institucionalidad electoral bien puede contribuir a garantizar procesos electorales transparentes en espacios donde tradicionalmente dichos eventos son cuestionados y terminan en disputas.
Ello es lo que ocurre por ejemplo con la Cooperativa de Teléfonos de La Paz (Cotel), que ha solicitado al OEP organizar la elección de su Consejo de Vigilancia y su Consejo de Administración. Es una decisión saludable y oportuna. Y es deseable que la presencia del Tribunal Electoral avale la legitimidad de los nuevos consejeros y consejeras requeridos por una entidad en situación de crisis.
