Si algo ha caracterizado a lo largo de los años al Ministerio Público, tal vez no a todos sus miembros, pero sí a la institución, es la negligencia y la indolencia; y días atrás, el Fiscal General del Estado ha confirmado esa percepción, al denunciar que él mismo se siente víctima de una conspiración de algunos funcionarios que se niegan a asumir los cambios.
En efecto, la autoridad dijo que desde que asumió la conducción del Ministerio Público, tuvo muchos problemas para plantear una reingeniería de la institución. Sin embargo, reafirmó su compromiso de limpiar la imagen de la Fiscalía y mejorar su labor. Para cumplir su objetivo, instruyó una auditoría a los nueve asientos fiscales del país, cuyos resultados fueron presentados el martes.
El Fiscal General indicó que en todo el país, los procesos contra fiscales suman un total de 769, y que los mismos forman parte de la jurisdicción penal como también disciplinaria y administrativa. En ese marco, sostuvo que el Ministerio Público iniciará un proceso de “depuración” con el cual pretende “sacar” de servicio a los “malos servidores y servidoras”, quienes, en su criterio, estarían entorpeciendo el propósito de su administración que comenzó en octubre del pasado año.
Según los datos obtenidos de la mencionada auditoría, en el Ministerio Público del Estado Plurinacional se han abierto varios centenares de procesos contra fiscales y exfiscales. En la vía penal, La Paz tiene 225 procesos; Santa Cruz, 195; Tarija cuenta con 111; en Cochabamba son 77; en Oruro, 53; en Chuquisaca, 21; en Pando, 20; en Potosí son 11 y en Beni 10. En la disciplinaria, el número de denuncias suma 219 en La Paz; 33 en Chuquisaca; 64 en Santa Cruz; 60 en Cochabamba; 19 en Oruro; 10 en Potosí; 58 en Tarija; nueve en Beni y cinco en Pando.
No son, pues, cifras menores, pues revelan que una gran mayoría de servidores, entre fiscales y exfiscales, así como administrativos y otro personal de apoyo, deben responder por malos actos en el ejercicio de sus funciones. Al respecto, el Fiscal General explicó que en algunos departamentos existen fiscales que están actuando con cierta negligencia, que no responden ni siquiera a las llamadas telefónicas ni acatan órdenes. “A pesar de estar de turno, no aparecen en ningún lado y menos en su fuente de trabajo; además, otros se resisten a cumplir con el proceso de rotación”, precisó.
Con las señaladas revelaciones de la autoridad, parece haber comenzado un largamente demorado proceso de depuración de esa institución clave para la administración de justicia. El propio Fiscal General sabe que el proceso no será fácil y que deberá superar innumerables obstáculos, cuando no resistencias de carácter sedicioso. Por ello, es de esperar que la voluntad política alcance para llegar hasta el final del proceso, cueste lo que cueste.
