Sin que siquiera el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) haya comenzado a considerar la consulta sobre la inminente repostulación de Evo Morales y Álvaro García Linera analistas, políticos y medios de información ya dieron por hecha la reelección.
Así, buena parte de los detractores del Presidente del Estado y del Movimiento Al Socialismo (MAS) han comenzado a cuestionar la “reelección” o decir “no a la re-reelección”, como si en este momento estuviésemos en declarada campaña electoral, con los dos líderes políticos y sus contendores en afanes electorales.
El “no a la reelección” parece ser una expresión subconsciente sobre lo que puede pasar en 2014, cuando ocurra la segunda elección general en el nuevo Estado Plurinacional. Porque, en realidad, la reelección como tal será decisión de los electores y el resultado de la votación.
Aunque parezca un juego de palabras, lo que en realidad ciertas voces están planteando es su objeción de una repostulación de Morales y García Linera, al entender que el parágrafo II del la primera disposición transitoria de la Constitución Política del Estado (CPE) prohíbe esa acción política (“Los mandatos anteriores a la vigencia de esta Constitución serán tomados en cuenta a los efectos del cómputo de los nuevos periodos de funciones”). Es que la reelección, en estricta interpretación semántica, será un hecho político cuando estén camino a ella o una vez que aquéllos sean reelegidos (otra vez).
Sin embargo, más allá de esas disquisiciones conceptuales, el país está inmerso en un nuevo debate político, como ocurrió, en su tiempo, con la convocatoria y las elecciones para la Asamblea Constituyente, la tediosa discusión del artículo 72 del reglamento de debates de aquélla en 2007 y 2008, la discusión sobre la capitalidad de 2007, la aprobación de la nueva CPE de 2008, referéndum revocatorio de mandato de 2008, el referéndum constitucional de 2009, las elecciones generales de 2009, la aprobación de la Ley de Lucha contra el Racismo y la Discriminación de 2010 o las elecciones judiciales de 2011.
Morales, García Linera y el MAS siempre salieron incólumes de esas situaciones, sonadas en los medios y los análisis políticos, aunque tuvieron que mascullar su derrota cuando el mismo TCP eliminó la figura del desacato de la economía jurídica del país, con la que el oficialismo juzgaba a varios de sus oponentes, o declaró inconstitucionales cuatro artículos de la Ley Marco de Autonomías con los que gobernadores (Mario Cossío y Ernesto Suárez) y alcaldes (Jaime Barrón, René Joaquino) —casi siempre opositores— fueron suspendidos de sus funciones a sola imputación formal por parte del Ministerio Público.
Y, seguro, la que viene no será una excepción. Si bien el parágrafo de marras está pendiente de interpretación constitucional (entre dos y tres meses, anunció el TCP), es posible que ésta valide una eventual repostulación de Morales y García Linera. ¿Por qué no? “Es totalmente ambiguo, no especifica nada. No inhabilita”, dijo el analista Fernando Mayorga en la edición de Animal Político de La Razón, el domingo.
Claro, hay que esperar esa resolución constitucional. Si no inhabilita, otra vez Evo será candidato y su reelección dependerá de los electores que en 2005 y 2009 le dieron las victorias más contundentes de los últimos tiempos en el país.
