Nuevamente la población de La Paz ha sido víctima de los choferes del transporte público. Esta vez no ha sido fruto de las recurrentes medidas de presión por incremento de tarifas, sino por una pugna entre sectores enfrentados por el control de la dirigencia de la federación departamental del gremio. Hay una crisis, y la ciudad y sus habitantes terminan pagando.
El nuevo conflicto comenzó el miércoles anterior, cuando los choferes de La Paz tomaron violentamente la sede de la Federación, denunciando el avasallamiento de sus espacios de trabajo por choferes de El Alto, y la intención del actual Ejecutivo departamental de prorrogarse; además, acusaron a éste de privilegiar intereses de los conductores alteños sobre los del gremio paceño.
La respuesta llegó dos días después, cuando los agremiados de El Alto retomaron la sede de la Federación 1º de Mayo, dejando, además de destrozos materiales, a dos choferes heridos. Los grupos disidentes, entonces, convocaron a un paro movilizado, que se realizó el lunes, llevando nuevamente la violencia a las calles y, lo que es peor, afectando a la población usuaria del servicio.
En medio de toda la pugna, se ha notado con claridad, además de las ya señaladas pugnas por el control de rutas y de la dirigencia de la Federación, que existe una profunda división del sector asociada con el problema de las tarifas y la propuesta del Gobierno Municipal de implementar ajustes al sistema de cobro. Desde la Alcaldía, empero, han negado que este aspecto sea evidente, pese a que el propio Alcalde señaló que existen dos posiciones del gremio como respuesta a la propuesta publicada hace pocas semanas.
Como un otro efecto indeseado de la pugna entre los grupos de choferes, algunos dirigentes cívicos de La Paz han pronunciado discursos discriminadores contra el pueblo alteño, que si bien pueden ser interpretados como una reacción irreflexiva propia del momento de tensión vivido, podrían dar paso a nuevas formas de división entre ambas ciudades, que además de ser vecinas son mutuamente interdependientes. Es probable que sea por eso que el Gobernador de La Paz se ha ofrecido como mediador para resolver el conflicto.
En el corto plazo es difícil vislumbrar una solución amistosa al diferendo entre los dos grupos en pugna por el control del poderoso gremio de los choferes, lo que inevitablemente incidirá en la calidad del servicio, así como en la posibilidad de que las autoridades municipales puedan consensuar una nueva escala tarifaria o el mantenimiento de la que existe actualmente.
Hay, pues, un problema de muy difícil solución, que sin embargo no puede quedar como está, pues amenaza la normalidad en la prestación del servicio de transporte de pasajeros y, por tanto, afecta a la población usuaria, que una vez más es víctima de los transportistas.
