En estos momentos en que ha surgido la quinua como una importante riqueza agrícola, muy apreciada en el exterior, es menester que los bolivianos hagamos un examen de conciencia sobre la situación rural de nuestro país. Sabemos que para el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, dependiente de las Naciones Unidas, Bolivia estaría catalogada como uno de los países más pobres del continente en lo referente al área rural, con un alto índice de población campesina viviendo en casi completa indigencia.
Es evidente que la opinión de dicho organismo se basa en la producción y vida primitiva del campesinado del altiplano y valles, sin comprender que Bolivia es un país de extenso territorio, con diferentes climas y vegetación. De este modo, no se podría afirmar que el campesino de Santa Cruz y Tarija, al igual que el de las zonas subtropicales de Yungas y Chapare, estuviesen en la miseria. Lo mismo habría que decir del que habita en Alto Beni y en grandes extensiones del propio departamento del Beni.
En conclusión, las zonas rurales que están inmersas en un extremo subdesarrollo y pobreza son aquellas donde se implantó la reforma agraria; es decir, el altiplano y los valles de Potosí, Chuquisaca, La Paz, y sobre todo de Cochabamba, conocida anteriormente como el granero de Bolivia. Es de lamentar que una de las conquistas sociales de las que más se enorgullecía el boliviano, como era esa reforma, que permitió que un gran sector del campesinado fuese propietario, sea causa precisamente de su atraso y degradación.
Pero la reforma agraria tuvo desde el principio un pecado original, ya que no cumplió con su finalidad de hacer entrega al campesino de las tierras que los antiguos terratenientes no la utilizaban. Por el contrario, los campesinos indígenas se apoderaron precisamente de las mejores tierras laborales, y en vez de continuar trabajándolas, las saquearon y destrozaron, exterminando, además, el floreciente ganado existente. Todos los esfuerzos que se hicieron durante casi 60 años para cooperar al campesino en su labor agrícola resultaron vanos. Lamentablemente, el minifundio que se extendió por toda el área reformada no permitió la utilización de tractores y demás utensilios laborales, ni ningún elemento técnico.
Por lo tanto, es necesario que se haga una nueva y verdadera “reforma” en los terrenos comprendidos por la reforma agraria; y hay dos medios que pueden ser verdaderamente eficaces. El primero sería la abrogación de la absurda ley que impide la enajenación de dichas tierras. De este modo, los campesinos que se han mantenido en el campo, y que ahora conforman una minoría, podrían adquirir las tierras de los que emigraron a las ciudades y que las conservan casi abandonadas. El segundo, la capitalización del campo. Actualmente, el país cuenta con ahorros particulares que superan los $us 10 mil millones y no se tiene en su zona occidental muchas posibilidades de emplearlos en medios productivos. Por ello, la inversión mayor está dedicada a fomentar negocios de consumo, como cafés, restaurantes, edificios de departamentos y lugares de diversión. Y las personas que desean invertir en la tierra, están obligadas a hacerlo en Santa Cruz y Tarija; es por ello que estos departamentos son actualmente los más progresistas del país.
Evidentemente, sería una aberración despojar al campesino indígena de sus tierras, pero dado el caso que éste no es capaz de mejorar y desarrollar los cultivos, se podrían conformar acuerdos entre empresas privadas con las comunidades indígenas. Las primeras aportarían el capital y la tecnología; y las segundas, las tierras y la mano de obra.
Con medidas planificadas y conducentes al progreso y desarrollo, podría resurgir el campo circunscrito por la reforma agraria. Y así Bolivia dejaría de tener el triste privilegio de liderar a los países más atrasados del continente en su desarrollo rural. Además, permitiría que sus hijos del campo más necesitados pudieran tener una digna vida como muy justamente merecen.
