Semanas atrás, en este mismo espacio se comentó una alerta lanzada por el Defensor del Pueblo, quien advirtió que es inconstitucional que la Universidad Policial (Unipol) exija una estatura mínima a sus postulantes, al ser ésta una medida abiertamente discriminatoria. No es la única disposición cuestionable en el reglamento de esa institución, que ya fue demandado.
En efecto, la Defensoría del Pueblo anunció el miércoles que presentó ante el Tribunal Constitucional (TCP) una acción abstracta de inconstitucionalidad contra el Reglamento para la Convocatoria, Selección y Admisión de Postulantes a Unidades Académicas de Pregrado de la Universidad Policial (Unipol) Mariscal Antonio José de Sucre, porque la normativa contiene criterios discriminatorios.
Según un boletín informativo de la Defensoría, el reglamento de la academia de formación policial contiene una serie de criterios discriminatorios para el ingreso de postulantes, que atentan contra derechos relacionados con el libre desarrollo de la personalidad. Como ejemplo de las disposiciones inconstitucionales, la institución nacional de Derechos Humanos señaló la prohibición de aceptar a postulantes que tienen hijos, que son casados, que tienen tatuajes o marcas en el cuerpo o cuyos padres tienen denuncias policiales, además del ya mencionado requisito de estatura mínima.
Al respecto, el Defensor del Pueblo explicó que todos esos aspectos corresponden exclusivamente a los propios individuos, conforme a sus intereses, deseos y convicciones; y añadió que los parágrafos I y IV del artículo 14 de la CPE reconocen el libre desarrollo de la personalidad como un derecho que implica decidir sobre la apariencia personal, como facultad privativa de la persona, de proyectarse individualmente fuera de cualquier patrón estético, con la sola condición de no lesionar el interés colectivo o los derechos de las demás personas.
El Defensor también manifestó que pedir que los padres de un postulante no tengan antecedentes policiales resulta excesivo y discrecional, debido a que, por una parte, se viola el principio de presunción de inocencia y, por otra, se criminaliza la relación familiar. Finalmente, la autoridad agregó que estas disposiciones son “clara muestra de que en nuestra mentalidad siguen enraizados criterios subjetivos e irrazonables basados en modelos eurocéntricos de excelencia y eficiencia, que eran parte de la visión de un Estado monocultural, colonial, republicano y neoliberal”.
Hay, pues, mucho que cambiar en la Policía Nacional, donde siguen primando aspectos puramente estéticos cuando es evidente que el problema reside en la ausencia de valores éticos. Es previsible que el TCP fallará en contra del mencionado reglamento; ojalá sea el inicio de una transformación urgente en el cuerpo policial.
