La mala gestión y los presuntos hechos de corrupción en el Comité de Vigilancia de El Alto ponen en evidencia la importancia de eliminar este tipo de instituciones, tal y como lo establece la Ley de Participación y Control Social, en este 2013. Y es que estas instituciones, creadas por la Ley de Participación Popular para fiscalizar a las alcaldías, carecen de mecanismos rigurosos de control que evalúen no sólo los resultados de su gestión, sino también el empleo de los recursos públicos que reciben.
Vacío que ha dado lugar a no pocos casos de malversación. Por ejemplo, la Unidad de Gestión y Evaluación Financiera de la Gobernación paceña detectó movimientos financieros injustificados en el Comité de Vigilancia de El Alto durante 2012, que ascienden a Bs 234 mil. Lo propio sucedió en 2008, con Bs 114 mil. Además, el hecho de que la sanción por el mal uso de recursos depende de la voluntad de las nuevas directivas ha dado lugar a la conformación de roscas de poder, que muchas acuerdan no pisarse la manguera entre “bomberos”. Todo esto en una institución concebida para fiscalizar.
Por ello, es de esperar que los comités sean eliminados cuanto antes, pero sobre todo que el nuevo mecanismo de control no adolezca de las mismas taras; y esto pasa necesariamente por restringir el uso de recursos públicos.
