En Bolivia, los conflictos por el acceso y disfrute de los recursos naturales no son una novedad sino todo lo contrario. De hecho, desde 2000, estos conflictos han sido causa del actual proceso de transformación estructural. Sin embargo, al parecer se está imponiendo una nueva y preocupante tendencia: los conflictos entre organizaciones de la sociedad.
En efecto, sólo en los últimos días dos conflictos violentos han concitado la atención de los medios: por un lado, vecinos de un barrio de Tiquipaya y regantes, en Cochabamba, se han enfrentado por el acceso a las fuentes de agua de la zona; por el otro, vecinos de Teoponte y una cooperativa minera, en el norte de La Paz, están en pugna por un terreno donde se extrae oro. Si bien ambos casos son diferentes, tienen en común que se trata de derechos de unos que no son respetados por los otros, así como la violencia desplegada, amén de que vienen acompañados de bloqueos de caminos.
En el primer caso, el conflicto se inició cuando el viernes último los regantes, afiliados al Sindicato Agrario Taquiña, quitaron y secuestraron la tubería que los vecinos del barrio Cinco Salidas (de reciente creación) habían instalado en el río Taquiña, para llevar agua a unas 17 mil familias. Según el vicepresidente del Distrito 5, al que pertenece Cinco Salidas, hace cinco años presentaron al Ministerio de Medio Ambiente y Agua un proyecto para usar las aguas del río Taquiña; el proyecto fue aprobado pero no se ejecutó.
El segundo caso es más complejo, pues el lunes por la mañana, socios de la Cooperativa Relámpago se enfrentaron con pobladores de Teoponte por una cuadrícula (25 hectáreas) de terreno, en la que existe un yacimiento aurífero que ambos bandos pretenden explotar sin tener aún la concesión minera de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol). El presidente de la cooperativa informó que hace dos años solicitaron a la Comibol seis cuadrículas para explotar oro en Teoponte, pero tuvieron que renunciar a una de ellas, porque los comunarios aseguraron que ese terreno se encontraba dentro de la mancha urbana y no podía ser concedido a los cuentapropistas, pero que ahora, sin embargo, el área es explotada de manera ilegal por pobladores.
En ambos casos, la acción estatal se ha limitado, por el momento, a la intervención policial para evitar el desborde de la violencia, que ya ha producido heridos en todas las partes involucradas.
Es, pues, urgente que el Gobierno preste atención prioritaria a este tipo de conflictos y busque su pronta resolución. Primero porque suponen enfrentamientos basados en la ya señalada afectación de derechos; y segundo (y más importante), porque son síntoma de un deterioro de la pacífica convivencia y desestructuración del tejido social, cuyas consecuencias de ninguna manera pueden ser positivas.
