Días atrás, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) ha publicado oficialmente su Informe Mundial sobre las Drogas 2012, que si bien no contiene novedades particularmente llamativas, deja una reflexión a ser tomada en cuenta en el país, especialmente en lo que se refiere a la producción de hoja de coca y su ilegal derivado, la cocaína.
En efecto, el Informe señala, previsiblemente, que la producción, el consumo de drogas y sus efectos en el mundo no han registrado grandes variaciones, aunque sí se observan cambios en los flujos y desplazamientos. Lo que, según la agencia, demuestra “la flexibilidad y adaptabilidad de los proveedores y los consumidores de drogas”. Según los datos de la Junta Internacional para la Fiscalización de Estupefacientes (JIFE), entre el 3,4% y el 6,6% de la población mundial consumió alguna clase de droga ilícita en 2010. La marihuana fue la sustancia más consumida, con una prevalencia de entre 2,6% y 5%; la cocaína llegó a entre 0,3% y 0,4% de la población mundial, estando en Norteamérica y Europa sus principales mercados.
Respecto de la producción y tráfico de esta última, el Informe señala que hubo una “disminución general” en la fabricación de la droga en el mundo, atribuida a una reducción en la producción de Colombia, a tiempo que, dice, el cultivo del arbusto de coca aumentó en Perú y Bolivia, “que se perfilan como productores cada vez más importantes”. Irónicamente, el mismo Informe reconoce claramente los esfuerzos del Estado Plurinacional de Bolivia en la reducción neta de cultivos, lo que podría interpretarse como que, para efectos políticos, conviene mostrar cifras y resultados regionales, a fin de enmascarar las realidades particulares de cada país.
Acerca de los mercados para la cocaína, factor clave para comprender los fenómenos asociados a la producción y tráfico de esta sustancia, el Informe revela que si bien en Norteamérica se registró un leve descenso, debido presuntamente a un incremento en el costo por la reducción de la oferta, en Europa el consumo se ha mantenido estable, y en el sudeste de Asia se ha incrementado la demanda.
Finalmente, el Informe también se refiere a la reserva presentada por el Estado boliviano a la Convención de 1961 respecto a la hoja de coca, lamentando la decisión boliviana de retirarse de este instrumento. Una lectura minuciosa permite inferir que la preocupación de la JIFE está relacionada con la posibilidad de que el instrumento sea cuestionado por otros Estados, poniendo en riesgo su vigencia. En el fondo, lo que más preocupación debe causar es la posibilidad de que, con el tiempo, la Convención sea puesta en duda y, con ella, la frondosa burocracia que mantiene. Ojalá sirva, también, para impulsar un nuevo modo de afrontar el problema de las drogas.
