Como coincidiendo con el debate que el Ministerio de Justicia iniciará en breve, para reglamentar la recientemente promulgada Ley Integral para Garantizar a las Mujeres una Vida Libre de Violencia, dos noticias sobre asuntos concomitantes se han publicado estos días, llamando la atención sobre la brecha que existe entre promulgar una norma y efectivamente aplicarla.
En efecto, por un lado, días atrás se ha recordado el primer aniversario del asesinato de la concejala del municipio de Ancoraimes Juana Quispe, crimen cometido en el marco de un ostensible acoso político del que era víctima esta mujer, líder política y merecedora de la mayor votación en su respectiva circunscripción municipal, y que permanece en la impunidad.
Por el otro, el jefe de bancada del MAS en el Senado reconoció que muchas leyes promulgadas en los últimos meses hasta ahora no son aplicadas por falta de presupuesto y coordinación con alcaldías, gobernaciones y la sociedad civil.
La relación entre estos tres elementos se encuentra con facilidad al observar que, primero, existe una ley que penaliza severamente el acoso político, especialmente contra mujeres; lo que, segundo, demuestra hasta dónde las mejores intenciones pueden convertirse en letra muerta sobre papel; y esto porque, tercero, fallan las instituciones llamadas a ejecutar la norma, sea en la fase de la reglamentación o, peor, en la de la aplicación, cosa que puede sucederle a la ley contra la violencia.
Pese a las muchas manifestaciones de repudio a la violencia de que fue objeto la concejala Quispe, y a las promesas de no dejar su muerte en la impunidad, lamentablemente nada se hizo hasta ahora para sancionar el crimen. Aquí ha fallado, en primer lugar, la Policía, así como el gobierno municipal del que era parte, y cuyos miembros permitieron el acoso y la agresión, si es que no se vieron directamente involucrados en el caso.
El senador oficialista que reconoció la inaplicabilidad de algunas de las leyes promulgadas en los últimos tiempos hizo notar que, cuando no falla la reglamentación, lo que falla es la coordinación con los diversos niveles gubernativos o las organizaciones de la sociedad civil. Aquí se puede inferir la existencia de negligencia o, peor, deseo de provocar el fracaso de las iniciativas estatales. En cualquier caso, una norma que no se aplica abona a la tendencia de ignorar la ley porque no se la respeta.
Hay, pues, una evidente necesidad de cambiar las prácticas de las instituciones que deben reglamentar y ejecutar las leyes, primero para que trabajen de forma eficiente, y luego, para que desarrollen el hábito de hacerlo de manera coordinada con el resto del Estado y de la sociedad civil. Seguir produciendo una normativa que, por muy avanzada que sea, no llega a su materialización es un desperdicio de recursos públicos y, sobre todo, una burla a la expectativas de la población.
