Desde hace más de dos semanas, la capital de Oruro está convulsionada por un conflicto iniciado a propósito del nombre que la Asamblea Legislativa de ese departamento asignó al recientemente inaugurado aeropuerto internacional. El conflicto tiene contornos difusos, pues es difícil entender el tamaño de la movilización en relación con la importancia de lo que persigue.
En efecto, como nunca antes en su historia, la ciudad de Oruro tiene ahora una terminal aérea que cumple con los requisitos mínimos para ser considerado aeropuerto internacional; el problema es que el órgano legislativo de su gobierno departamental tuvo la discutible idea de poner a la nueva infraestructura el nombre del Presidente en ejercicio. Lo cual, tres semanas después de su inauguración, inspiró al Comité Cívico de esa ciudad y a la Central Obrera Departamental a movilizarse exigiendo que el nombre de la terminal vuelva a ser Juan Mendoza, como cuando era apenas una pista.
Las instituciones movilizadas, que alientan desde hace dos semanas una huelga de hambre y han sumado en los últimos días el apoyo de estudiantes universitarios, algunos mineros del distrito de Huanuni y otros sectores, fundamentan su protesta en una supuesta defensa de la historia regional, pues afirman que Juan Mendoza, de origen orureño, fue el primer piloto civil en surcar cielos bolivianos. Asocian esta preocupación historicista con la “dignidad” de ese pueblo, sin considerar que más digno sería reconocer la importancia de tener una terminal aérea que hará los viajes hacia esa ciudad mucho más seguros que la carretera que hasta hace poco era el único modo de llegar.
Llama también la atención el hecho de que en un inicio la protesta se dirigió al Presidente del Estado, exigiéndole quitar su nombre del aeropuerto, y sólo después se rectificó la demanda, y se exigió a la Asamblea Legislativa Departamental abrogar la norma que nombra el lugar. Desde el principio fue evidente que se deseaba manifestar una activa oposición al Primer Mandatario y su partido. Por su parte, organizaciones campesinas de Oruro también se han movilizado, pero en defensa del actual nombre del aeropuerto.
Hoy, el conflicto está en un punto de difícil retorno; al extremo que instituciones como la Representación Departamental de la Defensoría del Pueblo, la Iglesia Católica y la Asamblea de Derechos Humanos de Oruro pidieron la intervención directa del Presidente, propuesta poco razonable, considerando, por una parte, que el Mandatario no es parte del conflicto (aunque el uso de su nombre sea el origen de la disputa) y, por otra, que a estas alturas hay miembros del Movimiento Sin Miedo y de Unidad Nacional directamente involucrados en la movilización, confirmando el trasfondo político del conflicto. La solución, pues, no debe llegar desde La Paz, sino encontrarse en Oruro.
