La Fiscalía General del Estado inició dos procesos contra el hoy desaparecido fiscal Marcelo Soza, quien tenía a su cargo el llamado caso Terrorismo. Un proceso es disciplinario por no haber asistido a las audiencias; y el otro es penal por no emitir un informe al respecto. Poco antes, el Ministro de Gobierno convocó públicamente al polémico fiscal para que esclarezca las denuncias en su contra. Pero no aparece.
Soza renunció el martes a su cargo de fiscal de materia. Es investigado por un confuso audio (que para el Ejecutivo es un montaje) en el que vincula a autoridades del Gobierno con el caso Rózsa, y unas fotografías que lo muestran celebrando junto a implicados de la hace poco descubierta red de extorsión. El asunto es materia de Estado, toda vez que tiene relación con el sensible caso de supuesto terrorismo e intento de separatismo en el país.
Mientras tanto, la senadora opositora Eva Gonzales dosifica cuidadosamente sus denuncias con “pruebas” que deben ser investigadas. Primero fue el audio, luego las imágenes de Soza, más tarde una carta del relator especial de la ONU y ahora nuevas fotografías de acusados en la red. ¿Qué sigue? Su declarado objetivo es evidente: abortar el caso terrorismo y proclamar que los extorsionadores “penetraron el Palacio de Gobierno”.
