Como si no hubiera suficiente evidencia de que en el país hombres y mujeres tienen diferentes grados en el goce de sus derechos, días atrás, la Defensoría del Pueblo reveló otra forma de discriminación de género, esta vez en los centros penitenciarios.
El estudio “Bolivia: situación de los derechos de las mujeres privadas de libertad”, presentado el 13 de marzo, revela, entre otros aspectos, que los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres recluidas son sistemáticamente vulnerados o, al menos, restringidos. Para muestra, un botón: las visitas conyugales o íntimas de sus parejas que la norma les concede son restringidas, a diferencia de lo que sucede con los varones. Pues, las mujeres que quieren acceder al derecho de un momento de intimidad con su pareja deben acreditar que tienen una relación matrimonial o de concubinato, “a diferencia de los varones que gozan del ingreso irrestricto de mujeres, sean éstas sus cónyuges o no, a los recintos carcelarios”.
Este dato, que mal mirado puede parecer una frivolidad en un contexto en el que los problemas urgentes parecen revestir mayor gravedad, no es menor, por cuanto es muestra de una situación estructural en la cual las mujeres, sean privadas de libertad o no, siguen sin poder siquiera ser dueñas de sus cuerpos.
