La reciente ratificación de una multa impuesta por la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas (Aemp) a cuatro firmas cementeras en el país (Soboce, Fancesa, Itacamba y Coboce), por prácticas anticompetitivas, expresa la voluntad estatal de cumplir con el mandato constitucional de limitar cualquier forma monopólica de control industrial y de mercado.
El artículo 314 de la CPE prohíbe cualquier forma de monopolio, oligopolio o acuerdo empresarial, que pretenda la exclusividad de la producción y comercialización de productos o servicios. Queda por develar ¿cómo se puede valorar la existencia o no de un monopolio?, ¿qué factores debiera considerar la Aemp como relevantes para regular estas formas de organización anticompetitiva?, finalmente, ¿qué tipo de industrias debieran ser objeto de este control y cuáles sus sanciones?
Primero, es necesario identificar dos tipos fundamentales de monopolio; uno emergente por un privilegio legal y otro por una distorsión de mercados. La existencia del primer tipo, natural, responde a factores de eficiencia en costos, y usualmente la empresa es de propiedad pública, por lo que no debiera generarse un lucro adicional por brindar el bien público (como el agua potable). El otro tipo de monopolio es el que debiera generar preocupación, porque su origen responde a una situación artificial, de la que alguna empresa o grupo empresarial (como el cementero) toma ventaja, extrayendo excedentes al consumidor. La existencia de un monopolio artificial efectivamente es lesiva, porque disminuye el bienestar social.
Segundo, la regulación de los monopolios artificiales debiera, inicialmente, buscar restringir el poder que ejercen las empresas en cuanto a la determinación de los precios de venta, volúmenes de entrega, distribución y calidad del producto; mediante una legislación clara que establezca sanciones por estas prácticas poco competitivas y nada éticas. Luego, determinar si con este poder se generan barreras de entrada a otras compañías que puedan ofrecer los mismos productos con mejores precios; y en caso de que se evidencie esta limitante, considerar revocar el permiso de operación de la empresa o empresas monopólicas.
Tercero, independientemente de la industria, las prácticas comerciales de todas las empresas debieran ser fiscalizadas; sin embargo, aquellas dedicadas a rubros estratégicos (como las cementeras), que expongan la seguridad nacional o que podrían vulnerar la seguridad alimentaria son las que mayor vigilancia y seguimiento debieran tener.
La historia económica demuestra que la existencia de los monopolios ha generado más ricos, pero también más distorsiones en el mercado, más problemas de redistribución y menos bienestar social, por lo que su control, fiscalización y sanción son necesarios.
