Un reciente informe de la Defensoría del Pueblo advierte que, en el país, cerca de un millón de niños, niñas y adolescentes trabajan cada día entre ocho y 12 horas en labores que ponen en riesgo su bienestar físico, mental y moral. Cifra que debiera causar no sólo indignación, sino también y sobre todo motivar acciones concretas para contrarrestarla.
El estudio fue presentado el martes, en el marco del Día Internacional contra la Explotación Infantil. Entre los tipos de explotación de menores más extendidos que menciona el Defensor del Pueblo está la cosecha de diversos productos agrícolas en el oriente del país, como por ejemplo de la caña de azúcar. Según explican aquellos que conocen de cerca esta labor, las largas jornadas laborales, las malas condiciones que imperan en el trabajo y los rigores del clima son tan extremos que muchos adultos y niños necesitan embriagarse para soportarlos.
Lo propio ocurre con la recolección de la castaña, labor que, siempre según la misma fuente, involucra a más de 25 mil niños entre nueve y 13 años, quienes trabajan de mayo a octubre, cinco días a la semana, entre las 2 y las 7 de la mañana, antes de ir a la escuela. Por otra parte, el Ministerio del Trabajo estima que al menos 4.000 niños y adolescentes participan cada año en actividades mineras.
Confirmando estos datos, un informe del Departamento de Trabajo de Estados Unidos identificó en 2011 nueve productos bolivianos en cuya cadena de producción participan niños y/o adolescentes: maíz, nuez, azúcar, almendra, oro, plata, estaño, zinc y la ganadería.
Y es que desafortunadamente la explotación infantil es un muy buen “negocio”, pues los niños desconocen sus derechos o bien carecen de los medios y la fuerza para hacerlos respetar. Algo que los explotadores saben muy bien, por eso les exigen largas jornadas laborales en pésimas condiciones de trabajo, y les pagan muy poco, cuando lo hacen. Además, son más fáciles de manipular, consumen menos alimentos y ocupan poco espacio.
De allí la necesidad de encarar este problema de manera integral, con políticas positivas antes que punitivas o de restricción, apoyando a los niños en situación de riesgo con alternativas que los inciten a abandonar actividades laborales riesgosas, sin que ello les signifique una pérdida de ingresos individuales o familiares esenciales; y en el caso de los adolescentes en edad de trabajar, con programas que les permitan combinar su educación con oportunidades para generar ingresos.
La ventaja de tales políticas es que no sólo abordan la situación inmediata, sino que comienzan a atacar la raíz del problema: la pobreza de los padres, la orfandad y el abandono de hogares por causa de la violencia. Circunstancias que obligan a miles de infantes a trabajar para poder sobrevivir y apoyar a sus familias.
