Es como un libreto que suele repetirse, con más o menos ruido, cada vez que una candidatura o alternativa, en especial de la oposición, es derrotada en las urnas. Si el margen de diferencia para el vencedor no es considerable, se agita sin demora el fantasma del “fraude”. Así ha ocurrido en las recientes elecciones presidenciales de Venezuela, donde Henrique Capriles se resiste a perder.
El 14 de abril, cuando aún no se habían cerrado las mesas de votación ni menos iniciado el conteo de votos, el candidato de la llamada Mesa de Unidad Democrática activó puntualmente el guion predefinido para desconocer los resultados y deslegitimar al Presidente electo. “Alertamos la intención de querer cambiar la voluntad expresada por el pueblo”, escribió Capriles en Twitter. Estaba dicho: cualquier resultado adverso estaba condenado al rechazo.
Aquel y los siguientes mensajes marcaron la tónica con la que Capriles reaccionó luego ante los datos oficiales del Consejo Nacional Electoral (CNE), que daban la victoria por un estrecho margen al candidato oficialista Nicolás Maduro. “Hay un Presidente ilegítimo. El pueblo venezolano tiene derecho a auditar las elecciones y que se conozca la verdad”, siguió atizando el líder opositor. Se trataba de instalar, a nivel nacional e internacional, la sospecha de fraude para negar el proceso electoral mismo.
Luego vino la convocatoria al cacerolazo. “Hoy a las 20.00 hagamos sonar ollas, cacerolas, que retumbe en el país y el mundo”, alentó en Twitter tras su discurso en el que desconocía no sólo las elecciones, sino al sistema electoral venezolano. El saldo de tal cacerolazo es conocido: diez personas asesinadas, todas ellas chavistas; 25 centros ambulatorios de atención médica universal y gratuita asaltados o quemados; ataques a misiones sociales, sedes del partido oficial, edificios públicos y viviendas de dirigentes.
Tras dos días de violencia (que para Maduro, sin ninguna voluntad de diálogo, fue un “intento de golpe”), Capriles presentó finalmente al CNE una petición formal de auditoría. No se solicitó el recuento “voto a voto” usado como bandera del cacerolazo. Tampoco se impugnaron los comicios. La auditoría parecía encaminada. El 54% de las mesas, conforme a ley, había sido auditado públicamente el mismo día de la votación, por lo que restaba hacer la auditoría del otro 46% de mesas.
Ahora Capriles y los suyos dicen que no quieren la verificación que habían pedido, sino la revisión de los cuadernos de votación y añaden nuevas exigencias. Dan el siguiente paso, pues, negándose a participar en la auditoría —a la que califican de “chucuta” (trunca o corta)— y gritan que Maduro “robó las elecciones”. ¿Qué sigue? Según el libreto, impugnar las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia y exigir unas nuevas. ¿Y después? ¿Más cacerolazos? ¿Huelga general indefinida? ¿Nueva ofensiva golpista?
