Tramitar la cédula de identidad en el país era un verdadero calvario. Larguísimas colas y corrupción por todo lado. Hubo individuos que tenían carnets por docenas y también los que falsificaban su edad, etc. Ese tormento se acabó cuando se puso a Antonio Costas al mando del Servicio General de Identificación Personal (Segip); y ahora en pocos minutos es posible obtener este documento. Antes pasaba lo mismo con el padrón electoral. Hoy, gracias a la informática, tenemos constancia de que quienes votamos existimos. Prácticamente no hay posibilidades de fraude en las elecciones y el modelo ha sido discutido en muchas partes del mundo.
Ha llegado el momento de que la tecnología llegue a otras instituciones hoy por hoy llenas de baches y que dificultan en extremo a los ciudadanos; demostrado que se puede dar mejor servicio con sentido común y rapidez. Por ejemplo, por qué no intervenir Derechos Reales y construir un servicio de excelencia, que comience por cambiar el nombre a la institución, ya que no es el rey quien da los derechos sino el moderno y democrático Estado Plurinacional. También habría que informatizar todo el sistema de tierras y terrenos, de manera que tengamos un informe completo que evite los avasallamientos de los malandros convertidos en loteadores.
Los municipios deberían hacer lo mismo con el sistema de catastro, donde hay que ir una y otra vez con los planos para hacer cambios como si no pudieran dar todos los supuestos vicios en un solo informe para cambiar todo de una vez. La consigna parecería ser perjudicar lo más posible a los usuarios hasta que éstos, cansados, emprendan construcciones clandestinas que luego, con suerte, algún día se legalizarán vía perdonazos.
No habría mayor muestra de seguridad jurídica que el hecho de tener buenos servicios de “Derechos Reales” y de catastro. Funcionando ambos, cada quien sabría que lo que le pertenece no puede convertirse en botín de los intereses de los maleantes.
Además, imagínese el tiempo que ahorraríamos en chicanerías abogaciles. A propósito, la propuesta de que sean los notarios quienes divorcien a aquellas parejas que de mutuo acuerdo decidan separarse debe ser ampliamente aplaudida. Al final, con el sistema actual los únicos que ganan son los abogados, que se quedan con parte de los bienes trabajosamente conseguidos, aunque haya acuerdo entre las partes para separarse. No toda modernidad es buena, pero esta es la mar de positiva.
