El 24 de abril se derrumbó un edificio en Dacca (Bangladesh) que albergaba cinco fábricas textiles. Hasta el viernes, el recuento de fallecidos era de 940 y 2.500 heridos. La magnitud de la tragedia pone nuevamente en evidencia las nefastas condiciones en las que millones de bengalíes cosen ropa que se vende con la etiqueta de grandes marcas por todo el mundo.
En efecto, la mayoría eran trabajadores (sobre todo mujeres y jóvenes) de los talleres de ropa destinada a compañías de Europa y EEUU, como Primark, El Corte Inglés, Bon Marche y Joe Fresh. Según testimonios de los sobrevivientes, pese a las grietas que aparecieron repentinamente en el edificio, los gerentes los obligaron a ingresar y permanecer en sus fuentes laborales. Tal parece indicar que el derrumbe fue causado por los generadores que se encontraban en el último piso (8vo).
Lamentablemente, la catástrofe no es la primera de su tipo. En los últimos cinco años han fallecido 700 trabajadores en el país asiático sólo en incendios, 112 de ellos el pasado noviembre también en Dacca. Sin embargo, esta vez, las dimensiones de la tragedia han hecho que el mundo entero concentre la mirada en la industria textil de Bangladesh, lo que permite abrigar esperanzas de que las condiciones mejoren en un futuro no muy lejano.
No obstante, no se trata de una tarea sencilla. La industria textil supone el 80% de las exportaciones del país asiático, y da empleo a cuatro millones de trabajadores. Además, los propietarios de las casi 5.000 fábricas existentes forman una poderosa casta, que financia a los dirigentes políticos que se sientan en el Parlamento. De allí que no sea casualidad que el propietario del edificio derrumbado, que violaba todas las normas de construcción, fuera un miembro del partido en el poder.
Por otra parte, una de las razones por las cuales Bangladesh se ha convertido en el destino favorito para las grandes compañías de moda, desbancando a China y a Vietnam, es que los salarios que allí se pagan están entre los más bajos del mundo. Y para ahorrar costos los empresarios no sólo meten la mano en los bolsillos de sus obreros, sino también en la calidad de las plantas industriales, que carecen de medidas básicas de seguridad. Negligencia que se ve potenciada por la ausencia de leyes y de operativos estatales de control (el Gobierno cuenta apenas con medio centenar de inspectores de edificios industriales para todo el país).
Para forzar los cambios, Estados Unidos baraja la posibilidad de excluir a Bangladesh de su programa de preferencias arancelarias; y lo propio la Unión Europea. Por otro lado, más importante y efectivo sería el establecimiento de medidas para que sean las grandes marcas internacionales las que velen por los derechos humanos de los trabajadores que cosen sus prendas.
