El viernes anterior, un tribunal de Guatemala condenó al exdictador José Efraín Ríos Montt a 50 años de cárcel por genocidio y a otros 30 por crímenes de guerra perpetrados por el Ejército en contra de un grupo de indígenas (los ixil) durante su mandato, entre 1982 y 1983. Con ello, Guatemala da un importante paso para enfrentar los horrores de su pasado reciente.
Como bien han señalado varios analistas, esta sentencia, que hace 20 años era impensable, es tanto más histórica por cuanto tiene lugar en un país cuyo sistema judicial se ha caracterizado por su inoperancia, avalando la impunidad en el pasado y en el presente.
En cuanto al proceso, cabe recordar que en Guatemala, entre 1944 y 1954, se produjo una revolución (llamada primavera democrática) cuyo principal propósito era acabar con las enormes desigualdades sociales de entonces, entre una población mayoritariamente indígena y una minoría mestiza que concentraba todos los bienes productivos. No obstante, estas transformaciones en favor de los más pobres disgustaron no sólo a los terratenientes locales, sino también a la compañía estadounidense United Fruit Company, que tenía el monopolio de la fruta en el país caribeño.
Para revertir este proceso, las élites gobernantes, con apoyo de EEUU, calificaron las reformas como “comunistas” y las atribuyeron a la influencia soviética. Con este discurso, la central de inteligencia estadounidense (CIA) orquestó en 1954 un golpe de Estado para destituir al presidente electo Jacobo Arbenz y colocar en su lugar al coronel Castillo Armas. Ese golpe significó el fin de las reformas, la prohibición de los sindicatos y el principio de una larga sucesión de generales y militares en el poder, que utilizaron las Fuerzas Armadas para reprimir las demandas sociales.
A raíz de estos hechos, entre 1960 y 1996 se desató una guerra civil entre el Gobierno militar y una guerrilla apoyada por la Unión Soviética y otros países socialistas.
El conflicto segó la vida de más de 200.000 personas, la mayoría (un 83%) eran indígenas mayas. Pues con la excusa de que existía un enemigo subversivo apoyado por el pueblo, los indígenas se vieron envueltos en una serie de torturas sistemáticas, que formaban parte de un plan organizado desde el Ejército para exterminarlos, y así apoderarse de sus tierras. Tras la llegada al poder del general José Efraín Ríos Montt (que fue juzgado por la muerte de 1.771 indígenas ixil durante su mandato) la violencia alcanzó nuevos máximos de brutalidad.
Por todo ello, la sentencia contra Ríos Montt y el proceso contra otros siete generales del Ejército guatemalteco constituyen un paso fundamental para que Guatemala deje de ser una sociedad envenenada por el odio. Porque, como bien ha señalado A Utuy, uno de los sobrevivientes cuya familia fue asesinada en 1983, mientras no haya justicia, las heridas seguirán abiertas.
