La nueva Constitución Política del Estado impone importantes deberes y retos al sistema judicial y legislativo del Estado Plurinacional de Bolivia. Se ha abierto un proceso de reformas en el que están embarcadas las máximas instituciones del Estado, como son el Órgano Judicial, el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.
Las tareas son exigentes y ambiciosas, y suponen un desafío para las instituciones judiciales bolivianas, que deben avanzar en la reforma del sistema a la par que asegurar resultados en la mejora del acceso a la justicia, la protección de los derechos humanos, el fortalecimiento institucional, la lucha contra la corrupción y la independencia del propio sistema judicial.
La cooperación internacional puede contribuir de modo importante a incorporar las lecciones aprendidas en reformas judiciales en otros países. Aceptando la máxima de que la soberanía nacional de Bolivia debe respetarse, de que es el mismo país el que lidera el proceso, y de que ningún sistema judicial es igual a otro, la jurisprudencia internacional y el análisis de los logros y errores de experiencias en otros países pueden ser de gran ayuda para el desarrollo de reformas eficaces.
Desde esta perspectiva, y a petición boliviana, la Delegación de la Unión Europea, junto con la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, (AECID) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) decidieron poner en marcha en Sucre, el 8 de marzo, en colaboración con las instituciones bolivianas arriba citadas, el programa de “Fortalecimiento de la independencia del sistema judicial en Bolivia”, con una duración de 15 meses y una dotación presupuestaria de 1.300.000 euros ($us 1.640.000).
En nuestra opinión, el valor añadido de este programa no reside tanto en su coste como en la oportunidad que brinda a las altas instancias judiciales bolivianas de compartir y discutir con sus homólogos de otros países problemas similares en el ámbito de la justicia. Sus fines son ambiciosos: contribuir al fortalecimiento de la capacidad del sistema judicial boliviano para cumplir las normas y estándares internacionales en materia de derechos humanos, independencia judicial, transparencia institucional y acceso a la justicia
Las varias actividades previstas para este 2013 se han centrado en especial en una serie de temas de particular trascendencia para las instituciones judiciales, sobre todo para el Tribunal Constitucional Plurinacional. En este sentido, destacan los seminarios internacionales sobre Interpretación Constitucional y Argumentación jurídica; Derecho Internacional de los Tratados; Control de Constitucionalidad y Derechos Humanos; y Derechos fundamentales, acciones de tutela, protección en el proceso penal.
Las aportaciones de expertos internacionales y el diálogo con el nuevo sistema judicial boliviano se completarán con la organización de foros internacionales consagrados a materias tan relevantes como la Carrera Judicial, la Descentralización y las Autonomías. A ello hay que añadir el intercambio de experiencias gracias a visitas de trabajo de delegaciones bolivianas del más alto nivel a España, y a la Corte Constitucional de Colombia, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Tribunal de Tierras de Brasil. Este programa de cooperación apoyará además la participación activa de las instituciones bolivianas en organizaciones, foros y cumbres judiciales internacionales, como Iberred, Comjib, Cumbre Interamericana de Cortes Supremas y Aiamp. Finalmente, y siendo la mejora de la justicia nacional una tarea de todos, el programa busca promover la participación e involucramiento ciudadano en este proceso, en colaboración con la Red de Participación y Justicia.
Confiamos en que todas estas actividades, ejecutadas a través del trabajo de la AECID y la Delegación de la Unión Europea, sin olvidar el trabajo de otras embajadas europeas en La Paz (Alemania, Dinamarca, Suecia y Suiza), logren consolidar una de las líneas básicas de la Cooperación Europea en Bolivia: el apoyo al país en la construcción de un sistema judicial a la altura de las grandes expectativas surgidas de la nueva Constitución Política del Estado.
