Durante los últimos años América Latina consiguió tener una situación de crecimiento económico con reducción del desempleo. Sin embargo, en la región aún hay más de 100 millones de personas que trabajan en la informalidad, en esa zona turbia de nuestras economías donde se perpetúa la pobreza y se potencia la desigualdad. En este momento en todos los países latinoamericanos hay informalidad laboral. Es un problema persistente que se refleja en una gran cantidad de personas atrapadas en empleos de mala calidad, con ingresos bajos, inestables, sin perspectivas, sin derechos ni protección social.
El crecimiento económico es esencial para generar más empleos de mejor calidad, pero no es suficiente. Incluso si la región creciera a 4% anual, un nivel alto que por cierto ya no será alcanzado este año de incertidumbre, se necesitarían al menos 55 años para reducir los niveles de informalidad a la mitad. Este es un plazo demasiado largo, reñido con las aspiraciones de desarrollo de nuestros países. Por lo tanto, para reducir la informalidad, hay que poner en práctica políticas y acciones deliberadas que complementen el crecimiento económico. El primer paso es mejorar la medición y el diagnóstico de un fenómeno complejo y heterogéneo, que con frecuencia se desarrolla en forma subterránea y que tiene características diferentes según el territorio, el sector, el grupo de población o la edad en que se presente.
¿Qué trabajadores son informales? Las cifras disponibles nos indican, por ejemplo, que en América Latina hay altas tasas de informalidad entre los trabajadores por cuenta propia (83%), los trabajadores domésticos (77,9%), los empleadores (36,3%) e incluso los asalariados en las empresas (29,3%). Casi el 80% del empleo en esta región es generado por el sector privado. Hay unas 58,8 millones de personas que tienen un negocio, pero la gran mayoría (48 millones) son unidades unipersonales, y otras 8,5 millones son micro y pequeñas empresas con menos de cinco empleados. En ambos casos predomina la informalidad.
En la lucha contra la informalidad es crucial revisar las normas y estándares para facilitar el cumplimiento por parte de empresas y trabajadores. También son relevantes las estrategias de incentivos para que la formalización sea considerado como buen negocio. Y desde luego, mejorar la capacidad de la administración pública para la inspección del cumplimiento de las leyes. Educación y formación de los trabajadores, innovación y desarrollo tecnológico, simplificación de trámites, articulación productiva, acceso a mercados también son esenciales.
El tema de la productividad es de la mayor importancia. Uno de los principales problemas que enfrenta la región es un nivel bajo de productividad. Desde 2000 la productividad aumentó un 10% en la región, bastante inferior al 85% registrado en los países asiáticos emergentes. Este combate a la informalidad debemos realizarlo conscientes de que vivimos una realidad muy dinámica: cada año se incorporan al mercado de trabajo de la región unas 5 millones de personas, la mayoría jóvenes. Esto significa que de aquí a 2020 habrá que generar unos 40 millones de empleos formales, solamente para que no empeore la situación actual.
Los datos en cuanto a la presencia de la informalidad en esta región son elocuentes. En momentos en los cuales la situación económica es positiva, es importante que los países pongan en marcha los motores de la formalización.
