Tuvo que pasar el tiempo para que se demuestre lo que ya era vox populi: la monstruosa e irracional política salarial de Comibol. Las consecuencias están a la vista. Durante varios años, Huanuni ha aportado cantidades miserables al erario nacional y no ha logrado siquiera tener un fondo de contingencias para sus inversiones futuras, y es posible que tenga cuantiosas deudas en materia de impuestos.
Es cierto, existen atenuantes para las decisiones políticas que se tomaron cuando se produjeron los enfrentamientos con los sindicalizados, como la contratación de 4.000 cooperativistas. No obstante, esa “heroica” medida tenía que ser forzosamente transitoria, porque era lógico pensar que la empresa no podría soportar a largo plazo el peso de semejante carga laboral. Empero, no es suficiente decir que las autoridades estaban presas de las condiciones políticas de ese momento. Era necesario que alertaran a sus superiores sobre las medidas colaterales que debían tomarse para la desconcentración paulatina de esa irracional cantidad de trabajadores. Sin embargo, no se aprecia que se hubiera marchado en esa dirección. Al contrario, permanecen en Comibol tanto los funcionarios de ese entonces como su actitud soberbia, que hace caso omiso a las permanentes alertas que varios especialistas les envían a través de la prensa, sobre los planes de desarrollo de la minería estatal.
La práctica histórica nos está demostrando que la construcción de empresas estatales rentables en la minería es una misión casi imposible en el país. Urge, por tanto, examinar las condiciones existentes para las nacionalizaciones en minería. Uno de los problemas es la cultura heredada desde la nacionalización de 1952, y que se plasma en la idea de que las empresas mineras estatales se crean para dar trabajo obligatorio a quienes habitan en el occidente del país. Otra de las dificultades es la exigua capacidad de exploración de Comibol y del Servicio Nacional de Geología y Técnico de Minas (Sergeotecmin), frente a la enorme magnitud de los capitales de riesgo que se precisan para encontrar nuevos yacimientos y que el Estado no logrará tener en sus arcas en el corto plazo.
Adicionalmente, el movimiento minero ha repetido permanentemente su conducta “salarialista” incluso en la época de la cogestión mayoritaria. Este papel heredado del “lechinismo” le ha impedido cumplir su rol de vanguardia revolucionaria del que tanto se ufanaba. Nunca logró tomar el poder y fue el movimiento campesino-indígena el que los dejó paralogizados. Finalmente, de por medio también está la idea de concebir a las empresas estatales como fuentes de negocios excepcionales, en las que administradores y comerciantes reciben una parte importante de los excedentes vía corrupción; percepción que ya forma parte de nuestra cultura.
Por todo lo indicado, sugiero tomar las siguientes medidas: i) dinamizar los equipos de exploración de Comibol y Sergeotecmin para intentar encontrar nuevos yacimientos en la franja mineralizada de Siglo XX-Japo. ii) Proporcionar los incentivos necesarios para la iniciativa privada en la apertura de nuevas minas, con la condición de absorber la mano de obra excedentaria. iii) Llegar a acuerdos con los trabajadores de las minas nacionalizadas, apelando a su conciencia revolucionaria (algo que el actual Ministro de Minería parece haber iniciado). iv) Vigilar más estrechamente la administración de la mina, intentando reducir la corrupción y v) someter a revisión la ejecución de la política minera de las recientes exautoridades por estar plagada de errores.
