Una vez más tuvo que ocurrir una desgracia para que el país comience a debatir sobre un problema diario que, por falta de educación ciudadana y debilidad institucional, subsiste y pone en riesgo la seguridad de todos. Una niña permanece en estado crítico un mes después de que un perro rottweiler la atacara y le destruyera el cuerpo y la vida.
La verdad es que desde entonces vi más expresiones públicas de solidaridad con estos animales que con la menor cuyo primer diagnóstico fue: “destrozo y desfiguración de la cara, la cabeza, los miembros superiores e inferiores y los genitales, además de pérdida de músculos y piel”. Vi a dueños movilizados en los canales de televisión junto a sus mascotas de “razas poderosas”, vi a criadores, protectores, veterinarios y hasta una concurrida marcha en rechazo a un proyecto de ley que promueve la eliminación paulatina de este tipo de animales.
El discurso común de estos grupos rechaza cualquier posibilidad de acabar con ellos y promueve su tenencia responsable, lo que es comprensible, pero lo que no deja de extrañar es cómo en la balanza de la solidaridad la pequeña Rosalía quedó en considerable desventaja. La expresión más clara a favor de la niña llegó desde Boston, donde un grupo de médicos se ofreció a intervenirla para una reconstrucción estética.
Mientras tanto en el país, en parte gracias a todas las expresiones de apoyo, la perra que atacó a la menor no fue finalmente sacrificada y ahora apoya labores de seguridad en un centro de rehabilitación. Y “trabaja” junto a su compañero, otro rottweiler que, por lo que se sabe, también habría atacado a Rosalía ese día.
Sobre la dueña de los perros no pesa ninguna denuncia, ni siquiera de los padres de la menor. En conclusión: la impunidad está ganando la partida y no deberíamos permitir que ello ocurra.
Una ordenanza municipal dispone que este tipo de animales deben estar registrados y que no pueden salir a la calle sin correas ni bozales de seguridad, pero en plena marcha de perros y dueños, esa que rechazó el proyecto que plantea su eliminación paulatina, había varios animales de “razas poderosas” caminando sin bozales. Ninguna autoridad hizo que se cumpla la norma y eso ocurre todos los días, basta caminar los fines de semana por algunas plazas de la ciudad.
Los defensores de estos animales aseguran que si el perro recibe cariño y buen trato no es peligroso, pero eso no ocurrió con el pitbull que en la anterior campaña de vacunación mató a otro perro en La Paz, cuando su cariñoso dueño lo llevó a recibir su dosis contra la rabia.
Tampoco actuaron de esta manera los dos pitbull que en 2012 asesinaron en Santa Cruz a su propietario de 82 años, quien los había criado desde cachorros. La dueña de la perra que destruyó a Rosalía asegura que jamás atacó a nadie, pero también fue víctima del animal en su intento de ayudar a la menor.
Seguramente la solución no está en iniciar una cacería sangrienta, pero no cabe duda de que se necesita una norma que garantice la seguridad de los seres humanos frente a este tipo de animales, que por lo visto en ciertas circunstancias pueden convertirse en asesinos en potencia. Y lo más importante: una norma que se cumpla y se haga cumplir.
Debería comenzar un registro inmediato de estos animales, bajo amenaza de severas sanciones para los propietarios que no lo hagan, y posteriormente comenzar una captura de los indocumentados para continuar con la prohibición de su reproducción y comercialización. Finalmente, las sanciones por estos ataques deben llegar a los dueños.
