El miércoles se conmemoró el Día Mundial contra el Trabajo Infantil, y ha sido ocasión no sólo para actualizar, como es habitual, las estadísticas sobre este drama cotidiano, sino también un debate que no encuentra solución fácil en el país: el derecho de las y los niños a trabajar para ganar su alimento y el de sus familias. Las soluciones no están a la mano.
En efecto, el miércoles 12, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) alertó al mundo señalando que el trabajo doméstico infantil ilegal afecta a unos 10,5 millones de niños en el planeta, que limpian, planchan, cocinan o cuidan de ancianos en hogares de otras personas en condiciones peligrosas y en algunos casos análogas a la esclavitud. Según la agencia de las Naciones Unidas dedicada a los asuntos laborales, de estos niños trabajadores, 6,5 millones tienen entre 5 y 15 años, y más del 71% de ese porcentaje son niñas. Si se consideran todas las demás formas de trabajo en la que niños, niñas y adolescentes están empleados, la cifra se dispara.
La Directora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil de la OIT afirmó en la ocasión que en el mundo hay 15,5 millones de niños que trabajan en hogares de terceros, lo que representa al 30% de los trabajadores domésticos en total, entre éstos, 10,5 millones trabajan en casas de forma ilegal “porque no tienen la edad mínima o porque lo hacen en condiciones duras”. Reveló también que el trabajo infantil afecta a todas las regiones, pero que no se puede hacer una clasificación entre ellas, porque los países industrializados, como los europeos o norteamericanos, no realizan estadísticas sobre este asunto.
En Bolivia, como es fácil imaginar, la situación es similar, y se estima que hay entre 848.000 y un millón de menores de 14 años de edad que trabajan. La diferencia fundamental con otros países radica en que en el país un gran número de esos niños y niñas están agremiados: la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (Unatsbo) es una organización con voz propia, que incluso participó de los debates de la Asamblea Constituyente, y que reclama no la eliminación del trabajo infantil, al que reivindica como un derecho, sino la explotación a la que muchas y muchos están sometidos.
En esa línea, la Defensoría del Pueblo afirmó que por ahora no es posible prohibir el trabajo infantil y adolescente en el país, porque no hay condiciones que garanticen la aplicación de una medida de esas características, por lo que exhortó a la aprobación de normas jurídicas y políticas públicas para enfrentar y desterrar la explotación de menores.
La agenda, pues, es clara; lo que urge, entonces, es que quienes tienen el deber de ejecutarla pongan manos a la obra, pues es inmoral por donde se lo mire que niñas y niños deban trabajar mientras hay tantos adultos desempleados.
