Días atrás se conoció la noticia de que una niña de 12 años había sido víctima de violación durante varios años, y que los abusadores habían sido su propio padre, su tío y su padrino. El horror se produjo en la cárcel de San Pedro, en La Paz, lo que ha reactivado el debate acerca de la presencia de niños y niñas que acompañan a sus padres en ese recinto carcelario.
La primera reacción provino de la Dirección General de Régimen Penitenciario, la instancia encargada de los penales, cuya máxima autoridad anunció que a partir de mediados de julio estará prohibido el ingreso de nuevos detenidos en el penal de San Pedro, cuya situación de hacinamiento ha sido denunciada infinidad de veces en las últimas dos décadas. Posteriormente, al explicar su decisión, cuya formalización aún está pendiente, el Director de Régimen Penitenciario añadió que además del reciente caso de violación descubierto, son razones para detener el crecimiento de la población penitenciaria de San Pedro también los continuos escándalos por comercio y consumo de alcohol y drogas.
Por su parte, los internos de ese penal ya se han declarado en emergencia, anunciando que resistirán la medida, e incluso han estado movilizados en los últimos días, generando una situación que, mal mirada, parece irónica, pues en lugar de reclamar mejores condiciones o por lo menos que la decisión incluya mejoras en la calidad de vida dentro de la cárcel, parecieran estar exigiendo que se mantenga el estado de desorden, al extremo que los dirigentes niegan enfáticamente que se hubiera producido el caso de violación de una menor denunciado. No es difícil inferir que detrás de la movilización hay intereses muy puntuales de quienes medran con el desorden dentro de ese penal.
Sin embargo, el aspecto que mayor preocupación debe merecer es el de la violación, pues se trata de una trágica prueba de que hay algo profundamente equivocado en permitir que niñas, niños y adolescentes vivan dentro de los penales con sus padres o madres, incluso si a simple vista parece ser lo menos traumático para esos menores de edad.
En efecto, en anteriores ocasiones el tema ha motivado breves debates públicos, y aunque la racionalidad señala que no debiera ser admisible que un menor de edad viva en una prisión, también se ha señalado que la excepción se entiende considerando que a menudo es imposible que estos niños y niñas vivan con otro pariente, o que los centros de acogida para menores sin familia no son una alternativa por su deficiente atención y calidad de vida.
El Representante en Bolivia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos se ha referido a este tema y ha pedido a la sociedad toda que reflexione sobre esta situación, añadiendo que este es el único país del mundo donde los niños viven en la cárcel. Es necesario seguir ese consejo.
