Amnistía Internacional publicó un informe sobre la cantidad de ejecuciones que se produjeron en 2012 (682 confirmadas en 21 países). Según el reporte, China es el país donde más penas de muerte se aplican (miles de personas son ejecutadas anualmente), pero no proporciona el dato exacto, pues las autoridades chinas se niegan a dar esa información. El informe también señala que EEUU es el segundo país donde más ejecuciones se realizaron. También figuran Irán, con 314 ejecuciones, Irak, con 129, y Arabia Saudita con 79. La parte cruda del informe refiere que “los métodos de ejecuciones incluyen decapitación, la horca, mediante disparos e inyección letal”. Entre otros datos relevantes, el estudio señala que el mayor número de condenados a muerte en EEUU son los latino-hispanos, que Japón ejecutó el año pasado a la primera mujer después de 15 años y que Gambia tiene previsto aplicar en septiembre la pena de muerte a 44 presos.
Con estos datos, el informe vuelve a poner en discusión el debate sobre si la pena de muerte es correctiva y amedrentadora, y si efectivamente contribuye a extirpar de la sociedad a los delincuentes peligrosos. Algo que para los abolicionistas se logra con el encierro perpetuo pero no con la muerte. Abolir la pena capital en el mundo fue un largo y tortuoso proceso. Sobre todo porque esta dura y cruel condena ha tenido fuertes defensores, que con argumentos culturales, sociales y políticos sostenían la pertinencia de su aplicación para graves delitos como el asesinato. A su vez, los abolicionistas demostraron que en muchos casos el condenado a muerte era un ser inocente, lo que convertía a la pena capital (más si ésta es cruel) en odiosa a los ojos de la humanidad. Confirmando este criterio conviene recordar el caso de Damon A. Thibodeaux, un estadounidense que pasó 15 años recluido en Louisiana por cargos de homicidio. El hombre de 38 años fue finalmente liberado luego de que pruebas de ADN demostraran que él no cometió el delito de violación y asesinato de su prima de 14 años, delito por el cual estuvo a punto de ser ejecutado.
Mientras escribo este artículo, me entero de que Kimberly McCarthy, una mujer de 52 años, el 26 de junio se convirtió en la persona número 500 a la que se le aplica la pena capital en Texas desde que se reinstaló dicha sanción en ese estado en 1976. Y precisamente Texas ha liderado el número de ejecuciones en EEUU desde ese año, aunque la tendencia de los estados que aplican la pena de muerte sigue bajando.
Bolivia abolió constitucionalmente la pena capital en 1961, y tanto la Constitución de 1967 como la actual mantienen ese principio. La pena máxima reconocida en nuestro país es de 30 años de prisión sin derecho a indulto. Esta norma de rango constitucional fue temporalmente alterada en los 70 durante el gobierno dictatorial de Hugo Banzer, quien repuso la pena de muerte en el Código Penal (en esa época, los códigos y las leyes se emitían mediante decreto). En la mayoría de los países de América Latina no existe la pena de muerte, avance que hay que destacar. Sin embargo, en contraposición a esta línea jurídica, más muertes se producen a diario por accidentes de tránsito, partos no asistidos y abortos mal realizados (por existir todavía un marcado prohibicionismo que obliga a prácticas clandestinas en los procedimientos quirúrgicos).
El debate sobre la reincorporación de la pena de muerte se reinstalará tarde o temprano, especialmente cuando se producen delitos lacerantes de violación y asesinato. Empero, la solución no son más muertes, sino políticas preventivas, policías más eficientes y centros penitenciarios que asuman el rol de la rehabilitación de un condenado y cambien la imagen de hacinamiento y contagio criminal que hoy es común en las cárceles de este lado del mundo.
