Es cierto que, luego de que el agente de Chile ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya, Felipe Bulnes, dijera que Chile está “registrando atentamente cada uno de los comentarios” del presidente Evo Morales con relación al diferendo marítimo, éste bajó el tono y así ayudó también a reducir las réplicas casi siempre inmediatas y monótonas de parte de su par Sebastián Piñera.
Coincidentemente con la “advertencia” chilena, sólo el vicepresidente Álvaro García Linera habló sobre el tema, y dijo que Bolivia “jamás” emitió criterios que puedan afectar el curso del proceso judicial instaurado en la CIJ. Una semana después, cuando el tribunal fijó los plazos para la presentación de memorias, Morales sólo atinó a decir que el procedimiento es la prueba de que el caso es un acierto histórico para Bolivia.
En los asuntos domésticos, es cierto que el senador de Convergencia Nacional (CN) Róger Pinto sufre desde el 28 de mayo de 2012 un encierro por propia cuenta en la Embajada de Brasil. Lo hizo en su afán de solicitar asilo político ante el gobierno de Dilma Rousseff, con el argumento de ser un “perseguido político”. Pinto acaba de ser sentenciado a un año de prisión en uno de los cinco casos en los que fue implicado por el Ministerio de Transparencia: Zofra-Universidad. La acusación señala que, como titular de la zona franca de Cobija, dispuso irregularmente Bs 11 millones a favor de la Universidad Amazónica de Pando.
Su caso no se resuelve debido a que el Ejecutivo, en atención de ese juicio y otros, se resiste a otorgarle un salvoconducto para asilarse en Brasilia. Lo del senador es un caso especial, cuya motivación —a mi juicio— es meramente política y hay que entenderlo de esa manera.
Es cierto también que el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple ha sembrado, como nunca, miles de obras en todos los municipios del país, bajo un régimen de adjudicación de proyectos muy accesible y vulnerable a actos de corrupción. Hasta donde se sabe, hay un alcalde encarcelado, la Contraloría General del Estado hizo auditoría a diez proyectos y dos los ha derivado al Ministerio Público, y el Gobierno admite que existen 70 obras observadas.
El debate mediático que se ha instalado sobre ese programa —cuestionado por el líder de Unidad Nacional (UN), Samuel Doria Medina— sirve como una estrategia electoral por donde se lo vea. Había que atacar a uno de los programas “estrella” de la administración Morales para conquistar votos con miras a las elecciones de 2014. ¿Cuánto servirá, considerando que gran parte de los municipios aplauden la iniciativa gubernamental? Se sabrá después.
Cierto. El gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, sufrió un primer revés en su intento de liderar una alianza con un partido oficialmente inexistente, Movimiento Demócrata Social (MDS). El Tribunal Supremo Electoral (TSE) le dijo que esa organización, si la es aún, no puede fusionarse, sino solamente hacer alianza con otras fuerzas. O sea, debe comenzar de cero.
Es cierto que Morales y García Linera siempre están en campaña política. Sin embargo, ¿hay forma de entregar obras sin que parezca acto proselitista? Si no, hay que juzgar que ambos estuvieron en campaña electoral desde poco después del 22 de enero de 2006.
Cierto, Juan del Granado será candidato presidencial del Movimiento Sin Miedo (MSM) y no hay otro cuarto aspirante al Palacio de Gobierno “potable” más allá de Costas. Es cierto, regístrenlo por favor.
