El desplome de la tasa de rendimiento al 3,72% de los fondos de capitalización individual, que gestionan las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), significa que, para llegar a una jubilación del 60% de su referente salarial, una persona necesita trabajar más años y realizar aportes extraordinarios, o un milagro del mercado para que la tasa se eleve al menos al 10%.
Considerando las explicaciones técnicas que brindan las autoridades financieras y las opiniones de algunos especialistas, el futuro no se ve muy prometedor ante este escenario de incertidumbre. Hace falta, por tanto, una solución que no involucre sacrificar a quienes ya tienen comprometido su ahorro (forzoso) para su jubilación. Por otra parte, frente a los anuncios de tratar nuevamente la Ley de Pensiones, es relevante considerar, por parte de las autoridades en la materia, esta situación de desmedro financiero de las tasas de rendimiento, y brindar a las personas que aportan una salida eficiente que involucre la voluntad y capacidad del Estado.
Después de la experiencia en el tratamiento de la Ley de Servicios Financieros, es primordial que, como principio, se establezca una tasa mínima de rendimiento para los aportes en las cuentas individuales de jubilación, una suerte de número mágico que al menos asegure que cada aportante se jubile cumplidos los años definidos por la ley y con el porcentaje de referencia salarial. Así como se fijarán tasas de interés para los ahorristas y prestatarios por medio de decretos, es también legítimo que exista una fijación de rendimientos mínimos, a fin de precautelar una jubilación digna en los plazos legales.
Resulta inconsistente que una falla de mercado, como es la excesiva liquidez, perjudique directamente a quienes aportan individualmente para una renta digna. Cabe preguntarse ¿quién es el responsable de corregir esta falla de mercado? En una economía en la que el paradigma del mercado no es más que una opción, lógicamente es el Estado el que debería asumir la responsabilidad. Por ejemplo, ¿por qué no permitir que las AFP adquieran los bonos del Banco Central que bordean el 5%?, ¿o permitirles que compren los bonos soberanos al 4.875%?, ¿por qué no permitir que las personas puedan retirar algún porcentaje de sus aportes y buscar por cuenta propia mejores alternativas de inversión?
Lo claro de la actual coyuntura es que no existe mayor margen para una actitud pasiva de parte de las autoridades, y que no se puede esperar a que el rendimiento tendencialmente llegue al 0% absoluto, perdiendo así hasta el capital ahorrado en el largo plazo. Esta situación crítica del actual sistema de pensiones debe obligar a las autoridades financieras del Estado a diseñar soluciones innovadoras, que signifiquen mejorar la posición financiera del Fondo de Capitalización Individual, y no limitarse a explicaciones simplistas e inacción.
