La medicina y el derecho son dos de las profesiones históricamente más apetecidas en todas partes del mundo. Esto debido en gran medida a lo lucrativas que pueden llegar a ser. Y es que cuando se trata de enfermedades o accidentes, las personas no escatiman recursos ni tiempo con tal de recuperar su salud y la de sus seres queridos.
A su vez, son muchos los que se decantan por el derecho, por cuanto el dinero está de por medio en gran parte de las contiendas judiciales, y generalmente un (buen) porcentaje termina en manos de los letrados. De allí la importancia de normar a detalle la práctica de la medicina en el país; pero también y sobre todo la del derecho. Máxime tomando en cuenta que no son pocos los juristas bolivianos que buscan alargar los procesos judiciales hasta el cansancio, exigiendo honorarios en función al bolsillo y la desesperación del cliente o de la parte contraria.
Para ello hace falta una ley que permita a los abogados ejercer libremente su profesión, sin tener que afiliarse de manera obligatoria (con varios pagos de por medio) a una institución matriz. Pero también y sobre todo una norma que establezca de forma diamantina, para cada departamento, los aranceles de los honorarios profesionales de la abogacía.
