Lo sucedido esta semana con el Presidente del Estado en Europa ha dejado mucho más que la sola evidencia de que EEUU tiene una influencia sorprendentemente grande sobre algunos gobiernos europeos; también ha mostrado que, en la práctica, el derecho internacional no siempre es lo que se desea, y que los derechos humanos no son tan universales a la hora de respetarlos.
En efecto, con su decisión de impedir el paso del avión presidencial por su espacio aéreo, los gobiernos de Francia, España, Portugal e Italia demostraron que el poder estadounidense es tal que es preferible un conflicto diplomático con Bolivia que afrontar el enojo de la potencia americana, tal y como se ha comentado y analizado abundantemente en los últimos días.
Asimismo se ha demostrado una vez más que los procesos de integración sudamericana desarrollados en el último lustro, como la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) han servido para crear un espíritu de cuerpo capaz de mostrar solidez a la hora de defender la dignidad y soberanía de sus Estados miembros o, como en este caso, de sus mandatarios.
Finalmente, también se ha evidenciado que la solidaridad de los pueblos está a flor de piel, pues manifestaciones de apoyo a Bolivia y repudio a las potencias que protagonizaron el incidente diplomático se han producido no sólo en la ciudad sede de gobierno, sino también en otras ciudades del mundo, por no mencionar la avalancha de comentarios y pronunciamientos transmitida a través de las redes sociales.
Sin embargo, de lo que no se ha hablado mayormente es de una otra evidencia, igual de preocupante: hoy los derechos no son universales y, lo que es peor, su defensa depende exclusivamente de quién es el violador. Ha sido el Embajador de Bolivia ante Naciones Unidas, secundado por decenas de sus colegas en la sede del organismo multilateral, quien hizo notar que el Secretario General no sólo emitió un pronunciamiento tibio respecto del incidente, sino que no se mostró dispuesto a actuar prontamente en defensa del Mandatario boliviano.
Pero además, la persecución del exagente de inteligencia que ha desatado EEUU muestra que son los violadores de los derechos y no quienes los denuncian los que se declaran víctimas. No otra cosa se interpreta del hecho de que nadie, especialmente entre los organismos defensores de los derechos humanos, haya dicho algo respecto del hecho de que los elementales derechos a la intimidad, privacidad y libertad de expresión están siendo sistemáticamente vulnerados, y a escala mundial, por el gobierno de un país.
Estamos, pues, ante una situación de preocupante desequilibrio cuando la prepotencia de una nación llega a extremos como los que aquí se comentan, y las instituciones llamadas a evitarlo se hacen de la vista gorda. Triste evidencia de que el poder en el mundo está mal repartido.
